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Los colorados definirán en la sesión de mañana si están a favor o en contra de la transparencia. El 26 de mayo pasado, sorprendieron al no oponerse a la aprobación del proyecto de ley, pese a que en otras ocasiones habían rechazado una norma que incluía el control de los gastos de las binacionales incorporando al Presupuesto General de la Nación.
El proyecto de ley no cuenta con dictamen de comisión. Sin embargo, la intención de los proyectistas, la diputada Kattya González (PEN) y el diputado Édgar Acosta (PLRA), busca lograr que el pleno se constituya en comisión y pueda dictaminar la norma para ser tratada.
La iniciativa legislativa, que tuvo origen en la Cámara de Diputados, fue modificada por el Senado a pedido de la Contraloría que sugirió incluir términos puntuales para evitar que surjan dudas sobre la constitucionalidad de la ley, como que la auditoría sea únicamente a las cuentas nacionales. Ahora la Cámara Baja deberá aceptar las modificaciones del Senado o ratificarse en su versión inicial.
De ser sancionada la norma, se dispondrá el control, la vigilancia y la fiscalización a cargo de la Contraloría General de la República (CGR), de la ejecución de los fondos de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, correspondientes al lado paraguayo, de conformidad a la Ley N° 276/1994 “ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA”.
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También se establece que la Contraloría dictará una resolución en la cual establezca los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los fines de esta legislación; los cuales deberán prever, al menos dos auditorías, una financiera y otra de obras, anuales a las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá.
Estos informes y resultados deberán ser elevados inmediatamente a ambas Cámaras del Congreso Nacional, cuyos titulares remitirán en un plazo máximo de 40 horas de recepcionado el informe del ente contralor a las comisiones que posean función técnica y contralora para su análisis correspondiente.
Otra de facultades que se concede a la Contraloría es la autorización para que una vez vencido el plazo para que las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá remitan la documentación se solicite una intervención judicial, pudiendo incluso tramitar órdenes de allanamiento de domicilios, locales, depósitos u otros recintos, con auxilio de la fuerza pública con el objetivo de acceder a todos los registros y documentos detallados en la resolución correspondiente, y cumplir con su cometido.