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–¿Cuál es la situación del cannabis en nuestro país, con el marco jurídico actual?
–Podría definir dos escenarios: la marihuana que era y la marihuana que está empezando a ser. Por un lado, la ley en Paraguay definitivamente diferencia que existen la marihuana medicinal y el cannabis criminal. La marihuana recreativa sigue siendo definida en la Ley 1340 como un crimen. La tenencia tiene pena carcelaria de 5 a 10 años, mientras que la producción 10 a 20 años.
–Pero la Ley 6007/17 establece un nuevo marco jurídico en el país.
–Totalmente... La Ley 6007 le da a la misma planta, a la misma flor, a la misma resina, propiedades medicinales y obliga al Estado paraguayo a entregar en forma gratuita el aceite cannábico. Por ley, la medicina cannábica en el Paraguay es un bien público, es un derecho del ciudadano. Entonces, hay una contradicción evidente que siempre hubo inclusive a nivel internacional. Estaba catalogada al mismo nivel que el crack, pero uno no puede ir con receta a comprar crack. Es como una convivencia en dos planos: hay una marihuana criminal, que es la establecida en las leyes, y otra marihuana que está siendo legitimada, que hoy en Paraguay es de distribución gratuita por ley.
–La marihuana es una misma planta, no hay dos cannabis.
–Es la misma resina, la misma flor. Es absolutamente la misma planta. Cuando se escuchan las intervenciones de la Senad o los especialistas del Ministerio de Salud hablan de alto contenido de THC. La criminalización de la planta de marihuana se basa en el TCH, que es el elemento sicoactivo que contiene. Hay algo muy importante que recalcar: todo el cannabis era criminal, no se hacía diferencia. Y esto me tocó vivir a mí cuando importamos semillas de cáñamo: todo el cargamento fue incautado por la fiscalía Antidrogas porque hace cinco años el cáñamo estaba considerado en un mismo paquete.
–Existe una apertura en el tema cannabis, eso es indudable.
–Claro que sí! Es una cuestión comercial, por eso se va abriendo. En los Estados Unidos, 37 estados tienen algún tipo de marihuana legal en el sentido de que uno va y compra. 17 estados habilitaron el uso recreativo. El 70 por ciento de la población de Estados Unidos vive en un estado que permite la marihuana recreativa. Y en casi todo el país es legal el uso del cannabis medicinal.
–Mientras los países se mueven hacia una legalización, Naciones Unidas reacciona hace menos de un año.
–Bastante tiempo diría. La ONU tardó mucho en reconocer los beneficios medicinales del cannabis. Hasta hace unos años promovía la represión y presentaba al cannabis como una planta peligrosa, sin contenido medicinal alguno. Y esto pasaba mientras Estados legalizaban, lo mismo Canadá, Uruguay en nuestra región. Colombia lo mismo. La ONU llegó tarde. Estados Unidos, en la administración de Biden, ya se está discutiendo la habilitación del cannabis a nivel federal. Es importante recordar que la ONU, en la Convención de 1961, reconocía el uso medicinal del cannabis así como su empleo industrial, con el cáñamo. En 1970, con la administración de Richad Nixon, cambia esta visión y la incluyen en la lista de drogas peligrosas, sujetas a represión.
–Hoy día ya no se puede argumentar que no se conocen los beneficios del cannabis en la medicina.
–La Ley 6007/17 obliga al Estado paraguayo a entregar en forma gratuita aceite cannábico medicinal a todo ciudadano. El Estado no esta obligado a entregar ningún otro medicamento ni siquiera oncológico o de diálisis, por ejemplo. Tiene que facilitar, pero entregar en forma gratuita, por ley, sólo está previsto para el cannabis. El aceite de cannabis, a partir de esta ley, es un servicio público.
Tenemos una ley única en el mundo, pero al mismo tiempo las cámaras del Congreso abrieron las puertas para un negocio irregular. Los parlamentarios hicieron que el aceite de cannabis se convierta en una repartija donde el Estado no tiene ningún ingreso ni beneficio.
–La directora de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud explica que esperan donaciones de aceite cannábico para entregar a los usuarios.
–Hay una demanda que el Estado genera, hay una promesa de cubrir esa necesidad inclusive de manera gratuita, pero hasta el día de hoy ninguna de las 12 empresas con licencias otorgadas por el Ministerio de Salud plantó ni siquiera una maceta.
–¿Por qué se tiene que esperar una donación, si es obligación del Estado según dispone la ley 6007?
–Dos cosas: este es un discurso mentiroso del Ministerio de Salud y de la Senad. El Estado debe regalar aceite producido en un laboratorio público. Esto lo dice en forma específica el decreto que concede las licencias. Al mismo tiempo, el decreto contempla que el Estado debe promover la producción e industrialización del aceite de cannabis en un laboratorio público. Viene la pregunta: ¿quién tiene que proveer los fondos para montar ese laboratorio? La ley obliga al Conacyt a cumplir esta norma. Por un lado, se otorgan 12 licencias, y del otro, se tiene un interés público de producir aceite gratis. El resultado es un choque de intereses por motivos comerciales. Especialmente cuando una de las 12 licencias fue otorgada al hijo de Eduardo Felippo que es el presidente de Conacyt, órgano responsable de equipar un laboratorio público para entregar aceite gratuito. El Ministerio de Salud habla de entregar aceite que las empresas están obligadas a donar, hasta un 2 por ciento de su producción.
La realidad es que ningún laboratorio hizo nada. Llevamos casi tres años de concesión y no se tiene ninguna producción.
–En medio de ese choque de intereses se tiene el derecho del enfermo.
–Pero claro que sí. Lo que tenemos es un negociado con las licencias para producir cannabis medicinal. El enfermo es lo que importa, no las licencias ni Eduardo Felippo. El Congreso Nacional votó en forma unánime por una ley única en el mundo, pero todo se reduce a negociado con las licencias. Basta con mencionar que la licencia otorgada al hijo de Eduardo Felippo se cotiza en 71 millones de dólares. Es simple especulación. Ninguna de las 12 empresas produce una gota de aceite cannábico. Están esperando a quién vender las licencias que el Estado otorgó gratis, sin recibir ninguna retribución.
–El cannabis puede cambiar la historia de la sociedad campesina.
–El aceite de cannabis puede ser un gran negocio. Es una oportunidad para cambiar la historia de miles de familias campesinas. Todo el mundo quiere aceite de cannabis, pero aquí tenemos que una de las licencias se entrega al hijo de la persona que debe montar el laboratorio público. Sacaron gratis la licencia para vender la concesión. Es un gran negocio para algunos. Somos el único país en el mundo en donde para entrar en el negocio del cannabis se tiene que tener un laboratorio privado como aliado. Esto es impracticable. Y el aceite que tiene que ser producido por un laboratorio público, financiado con fondos públicos. Imagino que mientras el hijo de Eduardo Felippo no venda su licencia, el papá no va a mover mucho el acceso gratuito al aceite.
–En este contexto, Granja Madre era un obstáculo para los intereses que giran en torno a las licencias.
–Sin dudar. En Granja Madre el 80 por ciento de nuestra producción se entregaba en forma gratuita. Arnaldo Giuzzio o la nueva ministra de la Senad dicen que se necesita un laboratorio para poder producir aceite cannábico. Es falsa la lista del Ministerio de Salud que dice que 100 personas necesitan el aceite. Nosotros, en Granja Madre, fácilmente llegamos a más de mil personas con nuestra producción artesanal. Nunca tuvimos resultado negativo ni efectos secundarios adversos en la gente.
–¿Qué tiene de especial la producción del aceite? Senad habla de la necesidad de contar con el respaldo de un laboratorio para garantizar calidad.
–Lo que olvidan Senad y el Ministerio de Salud es que Conacyt tiene la obligación de montar un laboratorio público. La respuesta es simple: se quiere mantener un esquema de corrupción. La Senad, la Policía, los fiscales, jueces, diputados, gobernadores, senadores. Todos tienen algún vínculo con la narcopolítica. Si de la noche a la mañana vamos a sacar la marihuana del circuito económico, vamos a asestar un golpe muy fuerte a la narcopolítica. En Paraguay existe un contrapoder: se tienen 10 a 15 mil familias produciendo marihuana para el narcotráfico. Esto resulta imposible sin poder político detrás, como respaldo. Se tiene una estructura establecida, fuerte, sólida, de corrupción y de extorsión. Mientras por un lado avanzamos en leyes, por el otro se sigue exactamente el mismo modelo de represión.
–Esto quiere decir que no existe una cuestión científica para limitar la producción de marihuana, sino un esquema de corrupción que sostiene la narcopolítica.
–Es una cuestión de “negocios”. Se tiene a gente que obtuvo licencias sin participación pública, sin control, sin transparencia alguna. Estas empresas llevan más de dos años especulando con las concesiones que recibieron y no están haciendo nada. El negocio de estas “empresas” es la especulación, no la producción. La ley original habla de la entrega de cinco licencias. Al final se entregaron 12 sin explicación alguna. Había muchos padrinos y se otorgaron más de lo que establece la ley.
–¿Nuestro contexto regional?
–Uruguay tiene una ley que regula el aceite artesanal, su producción y comercialización, complementaria a la ley farmacológica. Está demostrado que el cannabis, bajo ciertas condiciones biosanitarias mínimas, puede realizarse en forma artesanal. En Uruguay está reconocida la producción casera así como su comercialización y consumo. Esto se hace en función al derecho del enfermo de acceder a medicina natural. No se puede sacar al ciudadano el derecho de escoger la medicina que pretende utilizar. Por otro lado, es accesibilidad del pequeño y mediano productor a un rubro económico legítimo. Si un laboratorio puede producir ¿por qué no podría hacerlo una persona en función a un medicamento natural? En Paraguay exigen que toda la producción cannábica se realice a través de las 12 empresas con licencia. El simple hecho de que no sea a través de una de ellas, ya te convierte en criminal. Marihuana medicinal legal es un gran negocio para los laboratorios. Se sale de estos laboratorios habilitados y Senad habla de un crimen. Habría que ver cuáles son los intereses que realmente defiende la Senad. Conste que hablamos de la misma planta, la misma flor, la misma resina.
–Tenemos entre manos dos negociados: laboratorios y la narcopolítica.
–Está demostrado que donde se produce no se consume. En Paraguay hay 20.000 hectáreas, 15.000 familias productoras y puedo garantizar que ni siquiera el 1 por ciento es consumidor. Si la ONU está cambiando su criterio; si el Estado paraguayo regala aceite, pero al mismo tiempo te mete preso por la misma planta; podemos decir que hay una transición. Avanzamos, pero vamos a demorar todavía porque por espacio de 50 años nos dijeron que era un crimen. Estoy seguro que a lo largo de la historia de la humanidad nunca hubo una planta tan perseguida, tan difamada como el cannabis. Hoy tenemos economías enteras que viven de su venta libre, de su acceso, eliminando al intermediario que es el narcotraficante, y sin ningún tipo de problemas de salud. Es más, en aquellos países donde se legaliza disminuye el consumo entre jóvenes. Deja de ser algo ilegal, misterioso. Fumar marihuana legal no es desafío.
El narcotráfico disminuyo un 80 por ciento en Uruguay, en solo cinco años de legalización. Aquí puede estar el tema central.
roque@abc.com.py