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Ayer, los jueces Olga Ruiz, Víctor Medina y Elsa García convocaron a las partes para el mediodía y una hora después, informaron que el juicio continuaría en la fecha. La audiencia estaba prevista para las 09:00, pero tardó más en iniciarse que en concluir. La jornada empezó a las 09:40 y a las 09:50 ya estaba terminada.
“Solamente se hizo la lectura de una parte de un documento, que es el acta 12, de escritura y nada más. Se resaltaron las partes y ya se postergó para el viernes 18. Hoy se leyó un solo documento y faltan muchísimos documentos que hay que leer, revisar, escrituras, realmente es bastante extenso. Y eso que estamos hablando sólo de documentales, faltan testificales”, explicó el abogado defensor Pedro Santacruz, quien recordó que faltan declarar aún más de veinte testigos.
Este juicio, que tiene a 15 acusados, empezó el 5 de marzo y ya fue suspendido en numerosas ocasiones por recusaciones, cambios de abogado y permisos por casos de covid-19. Actualmente hay tres profesionales en cuarentena que participan en la audiencia por medios telemáticos.
Pero como si no bastaran la dificultad de sortear todos esos inconvenientes, el Tribunal suma otros con las espaciadas convocatorias para realizar el juicio, que en los últimos tiempos se realizan en jornadas de 10 a 30 minutos, situación que había sido criticada por el querellante Jorge Recalde, actual presidente de la Asociación.
“Realmente afecta muchísimo, porque en este caso personal, el ejercicio de la profesión cuesta mucho, interrumpe bastante, los justiciables están también sometidos a este maltrato por llamarlo así de una manera, porque estar pendiente de tu juicio que nunca acaba realmente es bastante difícil”, agregó Santacruz, sumando así su voz de protesta a la excesiva dilación del juicio.
Santacruz representa a la acusada Olga Espínola Santander, quien era suplente de la comisión directiva de la asociación. Comentó que su cliente es funcionaria de la Dirección General de Registros Públicos y se ve obligada a pedir permiso en su trabajo en forma para participar en la audiencia y además de los inconvenientes que ello le ocasiona, está también la incómoda situación de verse afectada por un juicio interminable.
“Mi cliente ingresó como suplente, no participó en ninguna actividad, ninguna decisión del directorio, sin embargo ella está ahí, por el simple hecho de que figura que asumió como suplente. Sin embargo hay gente que ejerció todo el acto administrativo en todo el periodo y hoy está sobreseído. Además del perjuicio que le genera las medidas cautelares que le fueron impuestas –ella tiene inhibición general, eso significa que no puede disponer de sus bienes, no puede pedir créditos– ella es madre, tiene hijos en edad escolar y universitaria y es difícil esta situación y ella más que nadie quiere que se termine este juicio porque es un sufrimiento no solamente para ella, para su familia también”, agregó Santacruz.
La acusación, a cargo de los fiscales Alejandra Savorgnan y Giovanni Grisetti, sostiene que se desviaron fondos de descuentos a los asociados con los que debían pagarse los créditos contraídos y otras deudas asumidas con instituciones financieras. Una auditoría ofrecida por la querella da cuenta que el perjuicio a la Asociación es de unos G. 16.000 millones, correspondiente al periodo comprendido entre el 2013 y 2017.
Los principales acusados son los expresidentes de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Celso Manuel Alvarenga y Fabio Martínez, la extesorera María Gloria Escobar y Roberto Israel Alfonso, en su condición de protesorero.