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La Cámara de Senadores se sumó ayer a las denuncias de presunto fraude, irregularidades y hasta posibles facturas “clonadas” presentadas por la gobernación de Central. Esto sobre la rendición de los G. 6.382 millones (US$ 1 millón) que recibió el año pasado cada jefe departamental para enfrentar la crisis sanitaria.
El senador Amado Florentín (PLRA, FNI), titular de la comisión de control de los gastos de emergencia, denunció ante el pleno que Central fue la única gobernación que no rindió cuentas al Congreso como dicta la ley y acotó que solo dos entidades se llevaron todo el dinero.
Por un lado, el Centro o Fundación Integral de apoyo profesional (CIAP) que recibió a tambor batiente G. 5.100 millones mientras que el Consejo Regional de Salud percibió G. 1.276 millones.
Recalcó que un comercio llamado “Asunción Ofertas” del Édgar Arriola, ubicado en Luque, le facturó G. 905 millones al CIAP a costa de la gobernación para realizar “gastos administrativos” como supuestos estudios de suelo y de impacto ambiental.
Agregó que las facturas son genéricas y no específicas. Señaló que la Contraloría General de la República ahora estudia estas facturas ya que supuestamente fueron clonadas.
Anunció que por ello planteará cambiar la ley para cortar el “negocio” de las “transferencias” a ONG y acotó que la gobernación ahora no puede “transferir” su responsabilidad como ordenador de gastos. “Así se usa la plata para salud. Esto es una bofetada para la ciudadanía”, señaló.
Por su parte, el senador Víctor Ríos (PLRA, FNI), también se despachó contra el gobernador de Central Hugo Javier González.
Señaló que tanto la situación del jefe departamental como las denuncias contra el titular de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, son muestra de la “corrupción galopante” de este gobierno.
Ríos ya había cuestionado meses atrás a González, a quien acusaba de ser el único gobernador que no distribuía kits de alimentos para alumnos.