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El derrumbe de un puente en Tacuatí en las últimas horas del miércoles causó el fallecimiento de tres personas: Juan Javier Alarcón Ferreira (40), Denis Leonardo Díaz (19) y María Wilma Villalba (63). Además, otras tres personas quedaron heridas: Rodney David Areco (23), Juan Agripino Galarza (32) y Fernando Manuel Fernández (35).
Para el abogado penalista José Casañas Levi, todas las familias de los implicados en el accidente deben ser indemnizadas por el Estado, que también debe hacerse cargo de los gastos de los fallecidos “por decoro”, pero que no lo hará porque “el Estado paraguayo es más miserable que el miserable más grande. Yo esperaría que nuestro amigo Juan Rafael (Caballero, procurador general de la República) vaya a la casa de esta familia y le ofrezcan una indemnización y que se hagan cargo de los gastos”, sostuvo.
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Casañas Levi reiteró además que los responsables de la supervisión del puente deben ser imputados por homicidio doloso y que la Fiscalía debería tener una función más proactiva en torno a lo que sucedió, en el sentido de buscar documentos, como así también a los responsables, de forma rápida.
“En la teoría de la imputación subjetiva, cuando una persona crea un riesgo a la sociedad y ese riesgo no está tolerado o termina resultado en un perjuicio (…) esa persona tiene que ser imputada (…) Las personas responsables tienen que impedir ese riesgo (…) Al no hacerlo, ellos crearon ese riesgo y eso derivó en la muerte de tres personas. Esas personas son responsables (…) y deben hacerse responsables. El Estado paraguayo también es responsable civil de este hecho”, expresó.
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En otro momento, afirmó que toda la información disponible sobre las denuncias que se hicieron previas al accidente por el mal estado del puente “le ahorra muchas cosas al fiscal, porque no es una cuestión desconocida”. Cabe recordar que inicialmente el fiscal interviniente fue Alberto Torres y luego fue designado también Osmar Legal.
“En este caso lo dicen expresamente (el reconocimiento del deterioro y la falta de fondos para reparar el puente). Además, hay un testimonio de una persona de esa zona, que sacó fotos, constató y le envió al ministerio. Ellos (los del Ministerio de Obras) se van, revisan el lugar y dicen que eso se dio en una zona y que el derrumbe sucedió en otro lugar; sin embargo, el puente es uno solo”, argumentó.
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A criterio del abogado, desde el Ministerio Público deben exigir rápidamente los antecedentes de la obra, qué documentos hay disponibles y citar inmediatamente a declarar a quienes están mencionados. Inclusive, dijo que uno de los elementos que se pueden tener en cuenta son los materiales de cuando el presidente de la República, Mario Abdo, y el ministro de Obras, Arnoldo Wiens, fueron hasta el sitio en abril de 2020 para inaugurar las “mejoras” en el sitio.
Casañas remarcó que la Fiscalía debe encontrar “omisiones concretas” que se hayan hecho desde los responsables para poder procesarlos. Finalmente, consideró que el caso “es grave” porque no se trata de una “situación aislada”, dando a entender que podría haber casos similares en todo el país.