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A las reiteradas suspensiones por recusaciones, cambios de abogado y permisos de salud derivados de casos de Covid-19, ahora el propio Tribunal de Sentencia al parecer suma un motivo más para postergar el ya dilatado juicio oral y público a los exdirectivos de la “Aso” del PJ: recargo de trabajo.
En la jornada de ayer estaba prevista la producción de pruebas, pero luego de una hora de espera, el actuario comunicó a las partes que el colegiado resolvió posponer el juicio para hoy a las 09:00. Si bien el funcionario no dio ninguna explicación a los presentes, fuentes indicaron que uno de los integrantes del Tribunal de Sentencia -integrado por Olga Ruiz, Víctor Medina y Elsa García- se encontraba participando en otra audiencia.
Cabe recordar que las partes –defensa, Fiscalía y querella– tienen una tolerancia de 15 minutos para presentarse a una audiencia. Pasado este plazo, en caso de inasistencia el juzgado o tribunal puede declarar abandono de la defensa o rebeldía del acusado, así como también el querellante por tener por abandonada la querella es decir, el derecho de intervenir del abogado defensor particular y el querellante adhesivo. Igualmente, se podrá comunicar la ausencia del fiscal ante la Fiscalía General del Estado, lo que podría recaer sanción por su parte.
Este juicio, que tiene relación con un perjuicio de G. 16.000 millones, se inició el 5 de marzo pasado y desde entonces, ya tuvo un sinnúmero de suspensiones. Recusaciones, cambios de abogado y ausencias por distintos casos de covid-19 –uno de los acusados incluso falleció (Carlos Céspedes)– fueron los principales motivos de interrupción del juicio, que tiene 15 acusados.
Asociados, molestos
Como si no bastaran estos inconvenientes, las audiencias se realizan en forma muy espaciada y por un reducido tiempo, circunstancia que es motivo de preocupación por parte de los afectados, que en más de una ocasión ya expresaron su preocupación por dicha situación.
“Esta situación nos preocupa y genera una incertidumbre total tanto a los directivos como a la masa societaria estafada, de que la prosecución del juicio se haga de forma absurdamente lenta, ya rayando en lo ridículo, porque en una semana realizar un solo día y solo 10 minutos no es lógico y no avanza para nada. Si bien las testificales ya se hicieron, faltan producirse las pruebas periciales, documentales y no sé cómo vamos a terminar de esa manera”, expresó recientemente Jorge Recalde, querellante y actual titular de la Asociación.
Millonario perjuicio
La acusación, a cargo de los fiscales Alejandra Savorgnan y Giovanni Grisetti, sostiene que se desviaron fondos de descuentos a los asociados con los que debían pagarse los créditos contraídos y otras deudas asumidas con instituciones financieras. Una auditoría ofrecida por la querella da cuenta que el perjuicio a la Asociación es de unos G. 16.000 millones, correspondiente al periodo comprendido entre el 2013 y 2017.
Los principales acusados son los expresidentes de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Celso Manuel Alvarenga y Fabio Martínez, la extesorera María Gloria Escobar y Roberto Israel Alfonso, en su condición de protesorero.