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Para las 7:30 de hoy estaba convocada la audiencia preliminar para siete acusados por el robo de G. 55.000 millones en la Gobernación de Presidente Hayes, pero la diligencia no se realizará tras la recusación del juez de la causa Christian González, presentada por la defensa del acusado Emigdio Osvaldo Benítez Ortiz.
No contento con recusar al magistrado de la causa, el encausado también presentó recusación en contra de los tres integrantes del tribunal de apelación multifuero de Villa Hayes que debe tratar el recurso; Christian Bernal, Juan Carlos Olmedo y María Elena Meza.
La chicana está ahora a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros María Carolina Llanes, Luis Benítez Riera y Manuel Dejesús Ramírez Candia.
Además de Benítez Ortiz en la causa están acusados el exgobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio Núñez; el actual gobernador Rubén Antonio Rousillón Blaires; Nancy Genoveva Núñez de Rousillón, Raúl Ernesto Delgado Torres, Marlene Altemburger Da Silva y Edulfo Antonio Verón Recalde.
Seis años de chicanas
En el 2012 la Contraloría General ordenó auditar la gestión del periodo 2011 del entonces gobernador. En el año 2013 el órgano contralor presentó denuncia ante el Ministerio Público por el presunto desvío de más de G. 800 millones.
Se abrió una investigación que estuvo a cargo del entonces fiscal Martín Cabrera, que en el 2014 imputó a Óscar Venancio Núñez y Emigdio Benítez, quien completó el periodo del primero; además de otros.
En marzo del año 2015, el entonces fiscal adjunto anticorrupción Federico Espinoza presentó la acusación contra Núñez y otras 12 personas, entre ellas también el actual gobernador Rubén Rousillón Blaires. Sin embargo, después de 6 años aún no se puede hacer la audiencia preliminar para siete acusados, en la cual se tiene que resolver si estos van o no juicio oral.
La primera acusación de la Fiscalía contra Núñez fue por el perjuicio de G. 32.182 millones; y en el periodo de Benítez el presunto desvío llegó a G. 11.807 millones. A esto se debe sumar G. 11.058 millones, monto que fue acusado por el actual fiscal de la causa Luis Said.
Según la acusación, para justificar las erogaciones los administradores presentaron facturas falsas, algunas de ellas emitidas incluso a nombre de la Gobernación.
Ningún abogado fue sancionado
Pese a las innumerables chicanas planteadas por las defensas, que lograron suspender en 29 ocasiones la realización de la audiencia preliminar para los principales acusados en la causa, hasta la fecha ningún abogado ni juez fue sancionado.
La abogada María Esther, de Somos Anticorrupción Paraguay, y de la Coordinadora de Abogados, lamentó que la Corte no haya tomado medidas, con relación a los que intervinieron en el proceso (jueces, fiscales, abogados y encausados), que deberían ser sancionados si tienen responsabilidad en esta “grosera dilación” del caso.