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Está en estudio en el Senado un proyecto de ley titulado: “Del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores”, presentado por los senadores Lilian Samaniego (ANR, oficialista); el imputado Rodolfo Friedmann (ANR, Añetete); los colorados cartistas Antonio Barrios y Arnaldo Franco; Eusebio Ramón Ayala (PLRA) y Pedro Santa Cruz (PDP).
Esta iniciativa legislativa busca derogar la Ley 1335/99 “Del Escalafón Diplomático y Consular”. En resumen, la normativa busca el ingreso masivo de funcionarios políticos (ver infografía: artículos 15, 16 y 55).
Otra de los aspectos llamativos del proyecto de ley (Art. 104 y 122) es que crea el Servicio Administrativo, Profesional y Técnico de la Cancillería nacional. Este escalafón será similar al escalafón diplomático y tendrá el derecho de acceder a cargos en el servicio exterior (embajadas y consulados).
En la Cámara Alta está pendiente que se lleve a cabo una audiencia pública entre todos los actores afectados por el proyecto (diplomáticos de carrera, administrativos y sindicatos).
La iniciativa es impulsada por la senadora Samaniego (ANR, excartista), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. En la Cancillería Nacional, la legisladora abdista tiene varios recomendados políticos en embajadas y consulados. Por citar solo dos ejemplos: Su marido, Jorge Coscia Saccarello, es cónsul general en Foz de Yguazú (Brasil), uno de los más importantes del servicio exterior en recaudación de tasas consulares. Otro que forma parte de su cupo es el embajador en Cuba, Bernardino Cano Radil.
“Subsanar injusticias”
En el fundamento del proyecto de ley, los senadores señalan que la iniciativa “lejos de duplicar o entorpecer acciones” tiene la misión de brindar ayuda necesaria al Ministerio de Relaciones Exteriores para el cumplimiento de sus cometidos internacionales, como lo establece Ley Orgánica “en el entendido que el cada vez más exigente escenario de la globalización precisa del concurso de personas comprometidas con la defensa de los intereses nacionales”.
Refiere que el derecho que le asiste a los funcionarios públicos con experiencia en áreas administrativas, profesionales y técnicas de Cancillería y aspirantes a dichas categorías, a contar con un plan de carrera que les dé previsibilidad. “Este proyecto viene a subsanar un reclamo de años por parte de la mayoría de los funcionarios de la Cancillería nacional que no tuvieron la oportunidad de ingresar al Escalafón Diplomático y Consular cuando se abrió la carrera en 1999, inquietud que fue fehacientemente plasmada en las audiencias públicas que organizó la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado”, indica.
El proyecto de ley agrega que busca “no solo subsanar esa injusticia interna hacia los funcionarios que desean formar parte de una carrera sino que también para un mejor aprovechamiento de los Recursos Humanos”.