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Con esta decisión, la justicia renuncia a elevar el caso a juicio oral y público el caso, donde Chaparro estaba sindicada por los delitos de Daño a cosas de interés común; Perturbación a la paz pública y la Ley de protección al patrimonio cultural, a cambio de que done unos G. 10 millones a una cuenta del Ministerio de Salud destinada a la lucha contra el covid-19.
Además, no podrá cambiar de residencia y debe comparecer de manera bimestral ante el juzgado. La joven se sometió al proceso, sin embargo hay otras sindicadas que se huyeron y solicitaron refugio en la Argentina.
Los incidentes se registraron durante una protesta contra el gobierno tras la muerte de dos niñas en una enfrentamiento en el norte del país, entre fuerzas del Comando Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Se quemó una bandera que estaba instalada en la fachada del edificio histórico y también pintarrajearon algunas consignas de repudio.