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El funcionario Romeo Abel Areco Ocampos, oriundo de Horqueta, actualmente presta servicios en la Dirección de Campo, dependiente de la Dirección General de Sanidad Animal, Identidad y Trazabilidad. La nueva designación lo nombra como auxiliar administrativo de la secretaría informatizada ¨El solitario¨ dependiente de la Coordinación de Región Chaco Norte Nro. 7.
Pobladores de dicha zona ribereña, ubicada aproximadamente a 80 kilómetros de la embocadura del canal paraguayo del Pilcomayo, dentro del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, se manifestaron bastante preocupados por la designación de un funcionario con antecedentes de participar en un esquema de corrupción.
“Rechazamos rotundamente a este funcionario corrupto que nos quieren imponer acá, quisimos hablar con las autoridades de SENACSA en nombre de la comunidad El Solitario, pero no fuimos atendidos, tenemos miedo y nos sentimos amenazados como productores”, expresó uno de los lugareños que pidió no ser identificado por temor a represalias.
Antecedentes del caso
El caso data del año 2015, pero la investigación y posterior imputación se realizó en julio del 2018, en ese entonces la agente fiscal delegada de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Irma Llano presentó imputación contra 9 hombres, 8 de ellos funcionarios de la Unidad Zonal de Concepción, Dirección SIGOR y puestos de control de la Senacsa, quienes habrían participado de un circuito de actos ilícitos.
El primer imputado en el caso, fue el ganadero Andrés Santos Eschenmoser, por la presunta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Este supuestamente pasó de tener 26 a 1.001 animales, en su establecimiento ubicado en la ciudad de Horqueta, gracias a la vulneración del sistema informático de la institución, con ayuda de los funcionarios. Asimismo, el ganadero hacía figurar que los animales supuestamente eran movilizados con los documentos respaldatorios, entre otras irregularidades.
Los ocho funcionarios que fueron investigados por el caso son: Atanasio Riveros, Epifanio Fernández, Pablo Alberto Marín González, Manuel Vera Sosa, Pedro Antonio Lusich González, Romeo Abel Areco Ocampo, Derlis Ariel Insfrán García, Richard Willian Ortega Ortiz.
Todos fueron imputados por los hechos punibles de alteración de datos relevantes para la prueba, lesión de confianza, producción inmediata de documento público de contenido falso y acceso indebido a sistemas informáticos. La representante del Ministerio Público también había solicitado medidas alternativas a la prisión para los 9 procesados.
Consultamos con el Dr. Oscar Duarte, coordinador de Región Chaco Norte Nro. 07 de Senacsa, quien manifestó que al enterarse de los antecedentes del funcionario, evacuó las dudas a sus superiores.
“Yo no soy responsable de la designación de los funcionarios, pero comuniqué el caso y los jefes están analizando la designación (...) hay cosas que debemos dejar a la justicia, seguramente si ya es un caso aclarado y si el funcionario pudo probar su inocencia no hay por qué no pueda asumir sus funciones”, finalizó.