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Según la denuncia, la Gobernación recibió US$ 1.000.000 para la reactivación económica en pandemia. Parte de este monto se había transferido al Centro Integral de Apoyo Profesional y al Consejo Regional de Salud y habrían presentado facturas no legales.
Calificó de “opositores” a Vaesken y Ávalos, de quienes dijo además buscan ocupar el lugar y el privilegio que tenían en la otra administración, en la que tuvieron otro sistema de trabajo. “Ellos no están de acuerdo con el trabajo en equipo y el enojo es simplemente por una cuestión sectaria en un año político”, apuntó.
En otro momento, sostuvo que “la Gobernación no tiene los mecanismos, ni las herramientas ni le corresponde saber si las facturas son falsas o no; eso deben hacer la SET, Contraloría y la auditoría del Poder Ejecutivo y después calificar si corresponde o es una factura clonada. Si no corresponde, nosotros mismos nos encargaremos de exigir a esta fundación que reembolse el monto de la factura que no es legal, pero eso se debe hacer luego del dictamen de la SET”, resaltó.
Fausto Portillo, asesor de González, indicó que básicamente la Gobernación ni otras personas tienen la posibilidad para dictaminar si la factura es falsa, por eso el gobernador está presentando una nota ante la SET para que esa instancia pueda determinar si es falsa o no.
Cuando se le mencionó que una de las empresas aseguró que nunca expidió la factura, Portillo indicó que eso va a dictaminar la SET.
“Nosotros somos los más preocupados de que esto sea aclarado”, indicó González.
Preguntado el gobernador si no es un riesgo adjudicar compra a una empresa que no se sabe si está registrada legalmente, dijo que al ser reconocida y registrada por el Ministerio de Hacienda, “a mí me garantiza que está legalmente constituida”.