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El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, había prometido que la tarifa técnica sería “socializada” el 28 de mayo. Llegó esa fecha pero desde entonces, pospone la explicación a la ciudadanía. En la reciente conferencia de prensa, del pasado miércoles, Sánchez dijo que “mañana”, por el jueves, daría esa información de interés público. “Nosotros tenemos previsto para el día de mañana, vamos a confirmar en el transcurso de mañana, hacer una explicación de cada componente de esta estructura de la tarifa técnica para sacar sus dudas y así compartir y hacer los diferentes tipos de simulación”, dijo. Pero otra vez no dio explicaciones.
El miércoles, el viceministro alegó que continúa en discusión la definición de la nueva fórmula que establecerá el precio del pasaje y el monto de subsidio que se otorga a los empresarios. El desacuerdo entre el Viceministerio y los empresarios del sector tiene que ver con el “capital inmovilizado”, que no es otra cosa que los buses que los transportistas tienen en sus paradas, hacen figurar en sus planillas para el cobro del subsidio, pero que no los sacan para trabajar. Es decir, los “buses fantasmas”.
La subsecretaría de Estado plantea que en la tarifa no esté contemplada la flota no operativa, mientras que los empresarios quieren que sí figure. La idea de la institución es supuestamente desalentar las reguladas.
Llama la atención que sigan “discutiendo” sobre ese punto, ya que en teoría, era decisión tomada. Incluso, el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Hass, había argumentado que el objetivo de estos cambios es incentivar a que los empresarios cumplan la frecuencia, “y no lo contrario, que por colectivo que no está operando que reciba una suerte de compensación por no circular”.
Cuatro días después, se cambia de postura. Hoy el Gobierno “discute” mantener ese “capital inmovilizado”, denominándolos como “buses de reserva” y alegando que se trata inversión de los empresarios que está expuesto y expectante a la demanda para circular.
No obstante, en algo sí coinciden la institución con el empresariado, y es en que supuestamente, el precio del servicio debería rondar los G. 5.000 por boleto, sin considerar el 18% de ganancia de los empresarios y sólo cubriendo sus costos operativos. Pero hasta la fecha, nadie salió a dar la cara para explicar cómo supuestamente se llega a esa cifra. Sánchez se limitó a responsabilizar a la empresa privada MF Economía, que hizo, según él, el estudio de la “tarifa técnica parcial”.
Tarifa técnica inexplicable
El viceministro Sánchez precisó que la tarifa técnica incluye kilometraje recorrido por empresa, cantidad de pasajeros y buses, combustible, depreciación, mantenimiento, costos operativos y remuneración empresarial y por “capital inmovilizado”, basado en el manual de la “Empresa Brasileña de Planificación de Transporte (Geipot)”, adaptado en el país en 2009. Ese dato también es llamativo, ya que al parecer, usarán la misma estructura vieja y solo le agregan el componente del billetaje electrónico, en lugar de una reforma real de todo el sistema.
Viola Ley Nº 5282 de transparencia
ABC Color realizó un pedido de información (Exp. 40.788, vía Acceso a la Información Pública) vinculada al pago de subsidios a empresarios infractores en 2021 y de los datos arrojados por el Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónico, “cerebro” del cobro electrónico y que obtiene información clave que fueron en teoría consideradas en la tarifa técnica. Por ejemplo, cantidad de pasajeros y kilometraje recorrido por cada unidad, datos que se tienen en tiempo real. Según la ley, tienen 15 días para proveer los datos solicitados, pero eso es letra muerta en el Viceministerio de Transporte.
El Gobierno impide sistemáticamente tener acceso a los datos de dicho softaware y dicha oficina, pese a su implicancia en el valor del pasaje.