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La clausura tiene su origen en un informe que el Ministerio Público remitió a la Superintendencia de Salud dentro de una causa abierta en que un médico identificado como Aurelio Espínola Caballero, de la clínica La Veró, está imputado por homicidio doloso, informó Eduardo Giménez, periodista de ABC.
Según se desprende del documento de la Superintendencia en que se anuncia la clausura, fue Sonia Leonor Deleón Franco, viuda del exdiputado Fernando Nicora López Moreira —quien falleció el 22 de agosto del año pasado de COVID-19—, la que declaró que Espínola Caballero no atendió correctamente a su marido cuando este fue a consultar a la clínica por síntomas de la enfermedad.
Deleón Franco fue también diputada liberal lainista por Presidente Hayes entre 1998 y 2003. Actualmente, es camarista en el Poder Judicial.
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“En reiteradas ocasiones (Deleón Franco) solicitó al Dr. Aurelio Espínola la realización del hisopado nasofaríngeo y tomografía, a fin de poder descartar de ese modo COVID-19, a lo que el médico le manifestó que no era necesario, ya que conocía que su cuadro era una neumonía bacteriana”, dice parte del documento. El exlegislador terminó falleciendo en el sanatorio La Costa.
La Superintendencia también detectó que en la clínica se interna a pacientes pese a que solo está habilitada como un centro de atención ambulante y a que tenía la habilitación del Ministerio de Salud vencida, motivos que derivaron en la clausura temporal y la ejecución de una auditoría médica.
“La intervención fue por un pedido de Fiscalía y hemos encontrado también otras fallas”, dijo el superintendente de Salud, Dr. Ignacio Mendoza Unzaín en declaraciones recogidas por ABC. A cargo del control de las medidas está el asesor jurídico de la Superintendencia, Dr. Freddy López. “Desde el oficio (de Fiscalía) constatamos que la clínica no está habilitada a la fecha, eso es un indicio suficiente para clausurar temporalmente”, explicó López.
La clínica debe además proveer un listado de pacientes internados hasta hoy, con el diagnóstico de cada uno de ellos. Como si fuera poco, el asesor jurídico López sostuvo que cree que en la clínica se ofrecía “medicina alternativa”. “Pero no vamos tanto a eso, la cuestión acá es que ellos están habilitados como clínica y como clínica no pueden tener pacientes internados aquí”, finalizó.
La clínica La Veró ya había estado en el ojo mediático porque allí buscó internarse el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavaõ en 2017 aduciendo graves problemas de salud (en realidad fue porque había perdido sus privilegios en la cárcel) antes de ser extraditado a Brasil a finales de ese año.
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Aurelio Espínola Caballero, imputado por homicidio doloso, era médico de cabecera de Pavaõ y uno de los firmantes de la junta médica que recomendó la urgente internación de Jarvis.
