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El artículo 1 del proyecto aprobado dispone “el control, la vigilancia y la fiscalización a cargo de la Contraloría General de la República, de la ejecución de los fondos de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, correspondientes al lado paraguayo, de conformidad a la Ley Nº 276/1994 “orgánica y funcional de la Contraloría General de la República”.
El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, Añetete), cuya pareja es directora jurídica de Itaipú Magnolia Mendoza, quien gana G. 100 millones al mes, sostuvo que el Congreso atropellaría la Constitución, los tratados internacionales y leyes vigentes porque, según él, la Contraloría no está habilitada para realizar la auditoría de una entidad binacional. Aludió a una resolución anterior de la Corte que declaró inconstitucional una modificación de la carta orgánica de la Ande para poder fiscalizar las binacionales.
Sostuvo que la transparencia se debía ajustar a la legalidad y que la única manera de auditar las cuentas de las binacionales era que ambos países integren una entidad de control conjunta que, según dijo, ya estaba en camino de crearse.
Según Ovelar, este proyecto de control de las binacionales era solamente “una persecución política”. Por su parte, el senador Juan Darío Monges (ANR, ex cartista), planteó esperar el fallo de la Corte sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por el director de Itaipú Manuel Cáceres contra la resolución del Senado que encomendó a la Contraloría auditar la entidad binacionales. Esto fue desestimado por mayoría.
Monges propuso luego eliminar el Art. 3 del proyecto que hace referencia a la posibilidad de que la Contraloría pueda allanar domicilios, locales o depósitos con auxilio de la fuerza pública para acceder a los documentos con el objeto de cumplir su cometido. Según Monges, esto violentaba el Código Procesal. Sin embargo, la mayoría consideró que el mismo artículo hablaba de la necesidad de una intervención judicial previa.
Solo Ovelar y Galaverna votaron por el rechazo.
“Un clamor de la ciudadanía”
Los senadores Stephan Rasmussen (Patria Querida), Esperanza Martínez (Frente Guasu), Amado Florentín (PLRA), Desirée Masi (PDP) y Víctor Ríos (PLRA) coincidieron en la importancia de esta iniciativa debido al clamor de la ciudadanía para que haya transparencia en las cuentas y gastos de los entes binacionales. Martínez consideró un “imperativo ético” la aprobación y todos sostuvieron que la Constitución habilita a la Contraloría.