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El proyecto de ley “que modifica y amplía varios artículos de la Ley Nº 1.863/2002 ‘que establece el estatuto agrario’, y sus modificatorias las leyes Nº 2.002/2002, 2.531/2004 y 5.881/2017, sobre asentamientos agrícolas, ganaderos y coloniales” fue presentado por los diputados Hugo Capurro (PLRA, llanista), Pastor Soria Melo (ANR, Añetete) y Avelino Dávalos (ARNR, cartista).
El proyecto con expediente Nº 5.181/2021 ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, obtenida en forma muy sigilosa el 16 de diciembre de 2020, cerca de las fiestas de fin de año, sin que ningún sector se haya alertado del cambio radical pretendido y sin haber “socializado” con la prensa.
La primera organización en alertar la modificación fue la Federación Nacional Campesina (FNC), que en rueda de prensa frente al Congreso el pasado 12 de mayo, y en posteriores mitines en diferentes puntos del país, pidió su rechazo de plano. Este gremio opina que el proyecto pretende el “blanqueo” de las tierras que deberían ser destinadas a sujetos de la reforma agraria.
Por su parte, el representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), ante el Indert, Abog. Diego Torales, destacó que el gremio de ganaderos no participó en ningún proceso para la elaboración del referido proyecto de modificación del estatuto agrario y que, según se supo, tampoco ningún sector fue consultado, razón por la cual deberá ser rechazado íntegramente, dijo.
A su vez, el ente aplicador del estatuto agrario, el instituto rural, recién al cobrar estado público ante el inminente tratamiento del proyecto de ley presentado por legisladores oficialistas, emitió un comunicado de supuesto rechazo del mismo.
Sin embargo, al ser consultada la presidenta del ente agrario, Abog. Gail González Yaluff, informó que envió al Senado una nota en la que solo pide la modificación parcial de la referida propuesta y no el rechazo para revisarlo entre todos los sectores afectados eventualmente por la norma.
Organizaciones sociales que integran la plataforma social de derechos humanos Memoria y Democracia pidieron al Senado el rechazo del proyecto, que “blanquearía” la histórica entrega ilegal de tierras a no sujetos de la reforma agraria.
Un premio para los transgresores
En el proyecto de modificación del estatuto agrario, uno de los puntos más polémicos es el que pretende modificar su art. 88. La propuesta de ley establece: “Ocupantes de inmuebles rurales patrimonio del organismo de aplicación. Los que ejerzan pública y pacíficamente la ocupación de inmuebles rurales en la región Oriental patrimonio del organismo de aplicación, al momento de la promulgación de la presente ley, y que no sean considerados beneficiarios, por única vez, tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada”. Esto, según especialistas, es confesión de parte de una transgresión de la ley, por lo que el problema no es la normativa, sino de la incapacidad de gestión de las autoridades.