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El proyecto de ley que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, de conformidad con los dispuesto en los artículos 281, 282 y 283, numerales 1 y 4, de la Constitución Nacional figuran en el cuarto punto del orden del día de la sesión de hoy de la Cámara de Senadores. Fue convocada para las 9:00.
Ayer, en la reunión conjunta de las comisiones de RR.EE. y Constitucionales, el senador Fidel Zavala (PQ) planteó postergar hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por el director de Itaipú, Manuel María Cáceres, para evitar el control de esa entidad. La propuesta fue aprobada por amplia mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales y hoy se propondrá ante el pleno.
No obstante, dejaron en claro que la postergación será por 15 días y, si en ese lapso la Corte no se pronuncia, el Senado definirá una postura.
Por su parte, la Comisión de Hacienda, que preside la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu), tras reunirse el pasado martes con el contralor Camilo Benítez planteó aprobar el proyecto con modificaciones.
Las modificaciones, propuestas por el contralor Benítez, apuntan a precisar la atribución de la Contraloría para auditar los entes binacionales contra el argumento esgrimido por los directores de ambas entidades sobre la supuesta inconstitucionalidad de esta ley.
El contralor aludió al recurso de inconstitucionalidad planteado por el director de la Itaipú Binacional, Manuel Cáceres, ante la Corte Suprema de Justicia para evitar que el contralor, por mandato del Senado, haga la auditoría de los gastos sociales.
Al respecto, señaló que en la ley se debe dejar expreso el hecho de que el artículo 281, inciso 4, de la Constitución Nacional establece taxativamente la atribución del organismo a su cargo de fiscalizar “las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta, en los términos de los respectivos tratados”.
En caso de que prospere la aprobación con modificaciones, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados, donde necesitará una mayoría absoluta (41 votos) para ratificarse en su texto original.