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AREGUÁ (Gladys Villalba, corresponsal). La Contraloría General de la República, Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Secretaría Nacional Anticorrupción descubrieron la semana pasada que nueve Gobernaciones no rindieron cuentas sobre el uso de US$ 1 millón, que recibieron el año pasado durante la pandemia, según la Ley N° 6.641 de apoyo financiero, por parte del Ejecutivo. Una de ellas es la Gobernación de Central, administrada por Hugo Javier González Alegre.
Los entes reguladores anunciaron una auditoria “in situ” de las obras realizadas y exigieron los documentos que avalen el uso del dinero público para el sector salud. El hecho tomó estado público y los concejales liberales Adrián Billy Vaesken y Roque Ávalos iniciaron las averiguaciones de forma inmediata ante la apurada rendición de cuentas que hizo el gobernador a la Contraloría, esta semana, y descubrieron que presumiblemente, se habrían clonados varias facturas.
“Según un comunicado emitido por la Gobernación se cumplió puntillosamente en tiempo y forma con la rendición de cuentas a la Contraloría y que incluso publicaron en la página web de la Gobernación, pero mienten, nada publicaron. Entonces accedimos a la página de la Contraloría y encontramos los documentos respaldatorios de los US$ 1.000.000 y nos percatamos que nuevamente el gobernador transfirió a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y al Consejo Regional de Salud”, dijeron los ediles.
El Consejo Regional de Salud recibió la suma de G. 1.276.400.000 y la fundación CIAP recibió G. 5.105.600.000.
Facturas “clonadas”
Según los concejales, las facturas presentadas en la rendición de cuentas en su mayoría pertenecen a comercios y empresas ubicadas fuera del territorio del Departamento Central, no dando cumplimiento al Art. 5° de la Ley N° 6.641/2020, que indica que los proveedores deben ser de la región.
Por ejemplo, una de las facturas supuestamente clonadas, hecha a mano, pertenece a la firma Distribuidora Santo Domingo, ubicada en la localidad de Piribebuy, Departamento de Cordillera, de donde la fundación CIAP adquirió artículos eléctricos por un valor de G. 208 millones según factura 0005477 y materiales de construcción por un valor de 69.621.813 según factura número 0005479. Sin embargo, la empresa se dedica a la venta al por mayor de artículos de ferretería y calefacción, según averiguaciones de los concejales y no a la venta de materiales de construcción.
Otra empresa afectada es AR Electricidad, ubicada en Asunción, que se dedica a la venta de materiales eléctricos, sin embargo, en la factura presentada por el gobernador Hugo Javier se detalla que CIAP adquirió materiales de construcción para empedrado por el monto de G. 14.600.000.
Intentamos hablar con el gobernador pero no atendió nuestra llamada a su celular, como en otras ocasiones.
Documentos no auténticos
Nos comunicamos con el asesor legal de AR Electricidad, el abogado Javier Ojeda, quien aseguró que la fundación CIAP no es cliente de la empresa, que lleva 30 años en el mercado. Agregó que ya comunicaron el hecho a la Secretaría de Tributación (SET) y también denunciaron por producción de documentos no auténticos en la comisaría 15° Central.
Ojeda, indicó que la factura número 0062910 a nombre de CIAP, por valor de 14.600.000, completada a mano y emitida en fecha 22 de febrero de 2021, no es auténtica. Manifestó que ese número de factura cuyos detalles están impresos corresponde al cliente Ferretería FP de Pablo Ruiz Díaz y fue emitida el 7 de enero de este año, por el monto de G. 783.359.
También intentamos comunicarnos con la representante de la Distribuidora Santo Domingo, licenciada Lourdes González, pero tenía el celular apagado. Los concejales denunciantes manifestaron que sí pudieron conversar con la misma en horas de la tarde de ayer, y que les aseguró que tampoco hicieron ninguna venta a CIAP por el valor de G. 208 millones ni G. 69.621.813, según las facturas números 0005477 y 0005479 emitidas en fecha 5 de enero de 2021. No pudimos acceder a las facturas originales.