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En agosto del año pasado, en su informe final de auditoría practicada a Hacienda, la Contraloría General de la República (CGR) ya advirtió que el Viceministerio de Transporte (VMT) pagó a transportistas por buses que no estaban operando. El ente contralor llegó a esta conclusión al detectar que la flota declarada por las empresas no coincidía con la cantidad de buses habilitados para circular.
La irregularidad se detectó al verificar los documentos entregados por los propios empresarios al VMT, para cobrar el subsidio que el Estado les viene pagando desde el año 2012.
Como muestra, los auditores de la CGR tomaron a tres empresas y analizaron sus papeles. Así detectaron que no solo hacían figurar buses que no estaban operativos para cobrar la ayuda estatal, sino además, no reportaban datos relevantes como el volumen de combustible utilizado por cada bus, cantidad de redondos hechos por cada colectivo y el total de pasajeros por día, tanto en el servicio convencional como el diferencial. Estos datos son una exigencia según varios decretos que disponen y regulan los subsidios de referencia, pero evidentemente no se cumplen y aún así, los transportistas siguen cobrando.
El ente contralor concluyó que Hacienda no implementó controles adecuados al VMT para concretar las transferencias de recursos públicos. Y pese a esa auditoría, la situación irregular continuó, según se pudo constatar el pasado sábado, cuando el Viceministerio de Transporte, hoy a cargo de Víctor Sánchez, dejó al descubierto que en este 2021 se ha pagado subsidios por 704 buses que no están en circulación. Estos datos fueron arrojados por el Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónico, que señalan además que 1.943 buses se declararon en total, pero solamente 1.239 realmente circulaban.
Supuestamente, a partir de ahora ya no se pagará esa ayuda del Estado por la flota total sino solamente por la operativa. Al menos eso es lo que se anunció el pasado sábado, hecho que desagradó a los transportistas, quienes se levantaron de la reunión cuando se dio ese anuncio. Desde hace días, el viceministro Sánchez promete dar más explicaciones sobre la nueva “tarifa técnica”, que justamente tiene parámetros más justos para definir el precio del pasaje y el monto de subsidio que cobrarán las firmas del sector (eso según se había anunciado). Esta fórmula en teoría debe incentivar a los transportistas a que trabajen y ya no apliquen las “reguladas”, ya que mientras menos saquen sus buses, menos cobrarán.
Aumenta 50% el precio de la tarjeta del billetaje electrónico
Las dos operadoras del billetaje electrónico, que son Epas SA, con la tarjeta “Jaha”, y TDP SA de “Más”, confirmaron ayer el encarecimiento del 50% de sus plásticos al mercado, quedando a la venta a G. 15.000 (anteriormente se vendían a G. 10.000 cada uno).
Jaha tiene 70% de participación en el mercado, con 837.570 tarjetas activas, mientas que Más registra un 30%, con 522.402 plásticos operativos, según informó la representante de la empresa Epas, Andrea Miracca.
Dijo que el ajuste fue decidido por la empresa prestadora del servicio, sin consulta previa con el Viceministerio de Transporte. “Cada empresa decide si puede aumentar o no el precio, porque las tarjetas tienen un costo muy por encima de los G. 10.000 y se había subsidiado de manera de asegurar el acceso a los pasajeros”, alegó.
La compañía tiene como propietarias a las empresas de transporte del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), de hecho, hasta hace unos meses, el vocero en todo lo relacionado al funcionamiento de la operadora era César Ruiz Díaz, gerente del gremio de transporte.
Por su parte, la representante de TDP, Laura Amarilla, descartó que este ajuste de precios esté vinculado con el análisis de la tarifa técnica (que se está desarrollando en la actualidad), que definirá el precio del pasaje y el subsidio que reciben los transportistas.
Sin embargo, reconoció que la prestación del servicio implica un costo para las empresas de transporte, por lo tanto, cada validación hecha constituye un ítem en la estructura de costos operativos para las firmas del sector.
Al ser requerida sobre el costo del servicio para los empresarios, Amarilla respondió que no disponía en ese momento del dato preciso pero se comprometió a proporcionarlo.