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El director paraguayo de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, informó a ABC que la administración a su cargo entregó a la Contraloría General de la República documentos respaldatorios referentes a la administración financiera de los fondos socioambientales correspondientes a los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
Adelantó que en los próximos días pondrá a disposición del ente contralor por orden cronológico la auditoría de los últimos 15 años de los gastos sociales de los gobiernos de Fernando Lugo (2008-2012), Federico Franco (2012-2013), Horacio Cartes (2013-2018) y la administración actual para dar cumplimiento a la Resolución N°236/21 de la Contraloría emitida tras un pedido realizado por la Cámara de Senadores, de auditar los gastos socioamientales de los entes binacionales.
Recordó que Yacyretá entregó a Contraloría el 17 de mayo planillas de gastos de inversión por G. 75.000 millones. Al día siguiente, el martes 18, 300 expedientes de documentos respaldatorios de gastos sociales de la institución por un monto de G. 74.452.853.963, foliados del 1 al 648. El miércoles 19 pusieron a disposición 358 órdenes de pago por valor de G. 55.390.257.314, foliadas de 1 a 775 y contenidas en dos biblioratos, indicó. Agregó que en días sucesivos entregaron documentos, consistentes en 303 expedientes por un monto de G. 17.884.068.554, totalizando así la suma aproximada de G. 222.730 millones.
Itaipú se niega
En cambio, el director general paraguayo de Itaipú, Manuel Cáceres Cardozo, se opone a ventilar los gastos del ente. Planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte e incluso contrató a un renombrado abogado constitucionalista, pese a que su directora jurídica Magnolia Mendoza, pareja del senador Silvio Ovelar (Añetete), gana cerca de G. 100 millones y no se hizo cargo del caso como tampoco ninguno de los casi 30 abogados con salarios que promedian los G. 50 millones que posee la entidad.
Senado trata este jueves
La Cámara de Senadores analizará en su sesión ordinaria de este jueves 3 de junio el proyecto de ley que obliga a la Contraloría General a auditar los gastos de las binacionales.
La propuesta fue aprobada en Diputados después de que Itaipú, a cargo de Manuel Cáceres, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad para no exhibir en qué gastan los fondos sociales.