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–A seis meses de asumir el cargo. ¿Cómo encontró y cómo está ahora lo relacionado al programa del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis)? Teniendo en cuenta que será con el cual se ejecute el plan de reactivación económica.
–Hicimos un diagnóstico y en virtud de ello, se programó una nueva metodología de trabajo. Se implementó un nuevo reglamento, que justamente comunicamos en las redes sociales de la institución referente a los proyectos que fueron analizados en la semana y como la primera remesa a salir, que fue el reclamo de las organizaciones sociales como parte de la ejecución de los US$ 47 millones, incluso publicamos aquellos que se encuentran pendientes. Por los nuevos criterios, el endurecimiento de las reglamentaciones y los requisitos me critican mucho. Aparenta que los proyectos no se gestionan, pero lo que ocurre es que muchos Servicios de Asistencia Técnica (SAT), que presentan las propuestas, no reúnen las exigencias para la aprobación. También trabajamos en el fortalecimiento administrativo. Se incorporó una aplicación móvil para que cuando se adjudiquen las primeras obras se puedan identificar su ubicación y desde el inicio de la construcción se observe la trazabilidad, además de socializar con un pequeño documental de cada proyecto con la cantidad de viviendas que contenga para que la ciudadanía pueda monitorear cómo y de qué manera se aplican los recursos en el marco de las nuevas construcciones de viviendas sociales. Además, teniendo en cuenta la disminución de presupuesto que hemos sufrido (-35% en comparación al 2020 y US$ 30 millones menos de recursos de Taiwán) se identificaron las casas sin terminar y estamos tratando de presentar al Congreso, en junio, una ampliación presupuestaria para concluirlas. El objetivo es que a esas personas a las que en algún momento se les adjudicó el subsidio finalmente reciban la vivienda prometida, que son 1.627, y el recorte implica 1.500 casas menos.
–Su gestión y la reforma indican que apunta a ser una institución más transparente.
–Relato muy sinceramente los objetivos. Abrimos las puertas para que la gente pueda presentarse con sus proyectos y verificar con los técnicos, tales como evaluadores de suelo y del medioambiente, y no se hagan acusaciones subjetivas, sin ningún tipo de fundamento. Es nuestra obligación ver si el lugar que las organizaciones eligen para levantar las obras reúnan criterios del medioambiente, como que no sea inundable, y ese endurecimiento he implementado. Envié los técnicos que constaten in situ y, obviamente, cuando se rechaza genera reacción. No es rechazar por rechazar. Lo que hacemos es que los proyectos se enmarquen en los criterios técnicos y legales que garanticen la construcción de casas para que el día de mañana no haya inconvenientes. Esa es la idea y ahí está el problema.
–Ese nuevo control que genera ese rechazo. ¿Quiere decir que el manejo anteriormente era muy desordenado?
–Este ministerio es muy grande. El programa en sí es complejo, lo sometimos a una revisión jurídica profunda para incorporar los requisitos legales que correspondan. Demostramos una actitud transparente y abierta, convocando a los SAT, los grupos organizados y constructoras para que agreguen sus aportes. Creo que hemos escuchado todas las inquietudes y sacamos un reglamento que hasta hoy es cuestionado, es una cuestión normal y lleva su tiempo adecuarse. Lo importante es que hay un sistema de control, un reglamento que respetar y posiciones que debemos entender, van generar en la gente una disciplina en materia de presentación de documentos y estamos trabajando para digitalizar. La pandemia es un riesgo permanente, todos los días viene mucha gente y con los funcionarios que trabajan en cuadrillas y el teletrabajo se hace más difícil la atención a aquellas personas que llegan en grupos y exigen respuestas inmediatas. Por suerte, ahora luego del incendio del Fonavis (registrado en octubre último), ya se volvió a habilitar la oficina y ahí se trasladaron los funcionarios del Fonavis. Anoche (por el viernes) estuvimos trabajando hasta medianoche con todos esos proyectos que fueron presentados dentro del plan de caja para que en los próximos días ya puedan liberarse los recursos y así, aliviar la ansiedad de la gente que tanto presiona por el primer desembolso.
–Lidiar con los SAT sería uno de los aspectos más desafiantes, considerando la reciente manifestación frente a la sede del MUVH
–Tres manifestaciones soporté y a diario buscan mi salida. Aprovecho para decir que no tengo apego al cargo, y de hecho, ya puse a disposición dos veces y lo voy a seguir haciendo si voy a ser a un problema, no quiero ser inconveniente. Mi idea es brindar un sistema de trabajo, asegurar desde un ministerio clave en el ámbito de la protección social y de las políticas públicas orientadas hacia las viviendas sociales que tenga una trazabilidad, fortaleza institucional y, lo más importante, podamos desarrollar atención a la gente. El Instituto Nacional de Estadísticas informa que al 2020 hay 1.151.000 personas que hoy no tienen casa, y son de la clase media o baja. Opino que es nuestra obligación como Estado generar las condiciones para que aunque sea con una posibilidad de alianza público-privada incorporar al sector privado, con los desarrolladores inmobiliarios y todos los actores, para que finalmente los beneficiarios que hoy pagan un alquiler puedan, en su reemplazo, abonar la cuota respectiva de sus unidades habitaciones, ya sea departamento o casa, pero ya sea de su patrimonio familiar.
–Volviendo al tema Fonavis y el conflicto con las organizaciones que lo derivó a poner su cargo a disposición, ¿qué fue lo que le incentivó y cuál fue la respuesta del presidente Mario Abdo Benítez?
–Estamos hablando con el asesor de Asuntos Estratégicos de Presidencia, Federico González, porque el grupo organizado que solicitó mi salida recurrió a esa instancia para conversar. Desde ahí se encaminó el diálogo, no tuve participación directa, a pesar de que los atiendo igualmente. Para mí es importante que todo se vaya aclarando, que no se trata de privilegiar a nadie, que todos los requisitos estén cumplidos.
–Es decir, y considerando la presión, ¿primaba lo político para las adjudicaciones y las protestas son por la aplicación de criterios técnicos?
–No tengo intromisión en eso. Es obvio y razonable que los municipios nos soliciten por parte de ellos que se acepten sus proyectos y así, en cada lugar, un intendente pregunta por los proyectos presentados por sus comunidades. Nosotros tenemos la obligación de verificar lo relacionado al ordenamiento territorial y de las asignaciones anteriores para tratar de tener un equilibrio conforme a las recomendaciones.
–¿Cuál es la proyección con los recursos actuales?
–Con un presupuesto que permite 8.000 viviendas aproximadamente al año, en 10 años serían 90.000. Lo importante es incorporar al sector privado, son los desarrolladores inmobiliarios, que también tienen cuáles son los lugares, segmentos, el tipo de vivienda que se requiere y hacer una alianza donde el Estado ponga las condiciones. El MUVH tiene demasiados inmuebles que son sitios en los que se pueden construir para edificios que la gente va a comprar, mediante financiamiento de la banca y construidos por los desarrolladores inmobiliarios. La economía se va a mover y la microeconomía va a dinamizarse y mejorarán los indicadores de crecimiento y desarrollo, que es lo que falta para enfrentar el impacto negativo de la pandemia. Esa es mi propuesta y espero tener respuestas.
–¿En qué etapa se encuentra?
–Presenté a Hacienda y planteé como primera etapa modificar la carta orgánica para captar recursos del sector privado y constituir mediante fideicomiso que nos permita estructurar edificaciones en predios del MUVH, y de esta manera, rentabilizar los activos que tiene la institución y, una vez concluida, transferir esos recursos emergentes a Hacienda. En vez de pedirle dinero, daríamos la rentabilidad esperada por el plusvalor que adquirió el inmueble.
–¿Tuvo el visto bueno de Hacienda?
–Todavía no tengo retorno. Estoy esperando que me convoquen para discutirlo.
–Teniendo en cuenta su perfil técnico, ¿encontró una cartera muy política.
–Sinceramente, es una cartera muy sensible, y así, tiene muchas connotaciones políticas. Los grupos sociales se apoyan en algún concejal o intendente, que es la tarea de ellos de crear sus condiciones para atender sus reclamos. La gente viene del interior, gente humilde, atiendo a todos y lo que no hago es prometer lo que no puedo. Los recursos son limitados y hay criterios que no puedo cambiar, entonces propongo ver otros mecanismos para conjugar otras fórmulas para hacer más casas.
–¿Se manejó la posibilidad de usar recursos de las binacionales?
–Es un análisis del que todavía no tuve el retorno de la parte legal.
–Este año, con la crisis económica, la ejecución del crédito de los US$ 47 millones y la época electoral de las municipales..., ¿habría presión política?
–Creo que eso ha demostrado la gente que vino a pedir mi cabeza. Se fueron a buscar apoyo político para sacarme y yo estoy trabajando. Lo seguiré haciendo.