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“El gobierno presentó una acción de inconstitucionalidad a efectos de que la entidad no tenga porque transparentar sus fondos sociales. La verdad que la entidad no solo debe transparentar sus fondos sociales, tiene que transparentar su gasto administrativo también porque hay más dinero en eso que en los sociales”, apuntó el exdirector de Itaipú, Carlos Mateo Balmelli, en la charla de la que participó esta mañana.
Recordó el acuerdo firmado por él y Jorge Miguel Samek, y dijo es una norma que constituye el cuerpo jurídico de la Itaipú Binacional.
“Cualquier estrategia de negociación que los paraguayos quisiéramos hacer tiene que partir de este supuesto: el Consejo de Administración es el órgano legislativo que la entidad tiene y, a instancia del directorio de la entidad, tiene toda la capacidad jurídica para generar el derecho que va a disponer qué se debe hacer y qué no se debe hacer en la Itaipú”, aseguró.
En ese contexto, manifestó que estaban en el Palacio de López, cuando asumió Fernando Lugo y se firmó el decálogo que tiene 10 disposiciones. Posteriormente, el acuerdo luego fue recogido en la declaración presidencial de Fernando Lugo con Luiz Inácio Lula da Silva, el 25 de julio de 2009.
“Este decálogo tiene 10 disposiciones, y la primera dice que todas las solicitudes de información de los órganos oficiales de control serán respondidas. El segundo, que todas las solicitudes de información del Senado serán atendidas y el tercero, que todas las solicitudes de información de la Cámara de Diputados serán atendidas”, alegó.
Indicó que para perforar el blindaje jurídico, que fue siempre pretextado para evitar la transparencia en Itaipú, él fue interpelado por la Cámara de Diputados, y asistió porque creía que era la interpretación correcta de esta tercera clausula firmada.
“Este decálogo es ley, es norma para la Itaipú Binacional. Itaipú está obligada a hacerlo cumplir”, apuntó.
Balmelli también comentó que el 31 de marzo de 2005, el gobierno de la República del Paraguay, vía Cancillería, en Montevideo, firmó con el Brasil, una nota reversal, rubricada por Leila Rachid y Celso Amorim, que nunca se envió al Parlamento, de Paraguay ni de Brasil, y sin embargo está incluido en el Anexo C. “Se metió como un subcapítulo en lo que son los gastos de explotación”, agregó.
Esta nota reversal habla de los fondos sociales. “Estos fondos sociales fueron internalizados, empezaron a conformar el corpus jurídico de la entidad por la resolución 023 del 2006 del Consejo de Administración. O sea, el decálogo fue internalizado por una resolución del Consejo de Administración y los famosos fondos sociales también están internalizados”, dijo.
Por ello, señaló que “cuando las autoridades nacionales presentan una acción de inconstitucionalidad, de alguna manera están negando la capacidad legislativa del Consejo de Administración”.