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El 28 de mayo de 2018, el ingeniero Herman Pankow, presentó la primera denuncia penal sobre el fiasco metrobús en el Ministerio Público, en representación de los frentistas que se vieron perjudicados en la traumática obra. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los denunciados fue imputado y las pesquisas poco o nada avanzaron.
El profesional señaló ayer que el caso va camino al oparei, porque a su criterio la fiscalía, servil al expresidente Horacio Cartes, no tiene voluntad de investigar esta “estafa” que ocurrió durante su Gobierno, con venia del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona.
Recordó nuevamente que la fiscala general, Sandra Quiñónez, está en este cargo gracias al expresidente de la República. “Le debe el cargo a Cartes, ella (Quiñónez) era la número 60 colocada en puntaje y jamás podía ser Fiscal General”, expresó.
La denuncia del ingeniero fue en contra del exministro Jiménez Gaona, la exviceministra de finanzas, Marta Benítez Morínigo, y el exrepresentante del Banco Interamericano (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, por el supuesto hecho de lesión de confianza. Luego fue ampliada en varias ocasiones en la que incluyeron al exjefe de gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, por enriquecimiento ilícito y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas. También agregó entre los denunciados al exviceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y a otro funcionario del BID (financista de la fallida obra).
“La fiscalía caratuló a la causa extrañamente como Esteban Sarubbi y otros sobre enriquecimiento ilícito, todo para no molestar siquiera con el título de la carátula a Jiménez Gaona, ya que era el primer denunciado y por el delito de lesión de confianza”, expresó.
Otras denuncias se sumaron a esta carpeta
En enero de 2019, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis presentó otra demanda penal contra Jiménez Gaona, también por la presunta lesión de confianza y estafa. Esta carpeta se incluyó en la denuncia de Pankow y “no hay voluntad de investigar la estafa”, expresó Buzarquis.
“Ramón Jiménez Gaona formó parte del Gobierno de Cartes y ellos manejan la justicia en Paraguay”, indicó el legislador y criticó: “La fiscalía mete palo a los adversarios y trabajadores comunes que violen la cuarentena, ya sea por vender pancho o asadito, pero le da impunidad a los amigos”.
La Comisión Bicameral del Congreso, que también investigó el fallido plan, también remitió su informe final a la Fiscalía General del Estado. En este caso, se elaboraron tres dictámenes, los cuáles también revelaron un manejo desprolijo en la ejecución de la obra. El diputado Edgar Acosta, quien fue relator de este cuerpo colegiado, también cuestionó el trabajo que está realizando la fiscalía, que debía “dar un seguimiento a este hecho lamentable del metrobús”.
“Este es un caso emblemático y esperemos que el Ministerio Público se anime a investigar e imputar a los responsables porque a todas luces hubo irregularidades”, manifestó.
Asimismo, la Contraloría General de la República (CGR) remitió a la Fiscalía los resultados de la auditoría que realizó al fracasado metrobús, en la que se reveló aparentes hechos punibles. Este informe que cuenta con 88 observaciones y 415 páginas de escritos, identificó varios posibles hechos punibles, tales como pagos irregulares, obras mal ejecutadas y numerosas anomalías.
Pagos a Mota Engil
Recordemos que el MOPC pagó más de US$ 30 millones a la portuguesa Mota Engil, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el metrobús. A la firma le adjudicaron los tramos 2 y 3 (12 km de la ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) por US$ 54 millones, en febrero de 2016 (G. 300.417 millones), pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones).
En octubre de 2018, la empresa abandonó las obras y luego demandó al Estado en un arbitraje internacional, que sigue su curso, donde pretende cobrar otros US$ 25 millones. La actual administración de Arnoldo Wiens, también realizó millonarios pagos a la firma.
Está en manos de una fiscala interina
La fiscala originalmente designada para la causa del metrobús fue Natalia Silva, quien fue recusada por Pankow por retrasar las investigaciones, por lo que pasó a interinar la fiscala Esmilda Álvarez. El fiscal Alcides Corbalán también interinó el caso en 2019 y fue el único que llamó a declarar. La recusación sigue sin definirse hasta la fecha y está a instancias de la Corte. La fiscala Álvarez, por su parte, se niega a informar sobre los avances de las pesquisas.
Ayer este diario intentó contactar con la funcionaria, pero no respondió las llamadas. Lo último que informó es que todavía no pudieron hacer un peritaje para identificar si hubo daño patrimonial en la fallida obra.