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Aníbal Cabrera director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA) señala que los indicadores de pobreza y desigualdades han aumentado en Paraguay, y “esto se evidencia con la cantidad de personas en situación de calle: no solo por la economía informal que tiene el país sino también por el número de personas –incluidas niñas, niños y adolescentes– realizando alguna tarea o solicitando “limosnas” en situación de calle. Por ejemplo, en la ciudad de Tobatí, en febrero de 2021, hemos tenido el caso de un niño de 9 años que perdió el brazo al quedar atrapado en una maquinaria de olería. Problemas que ya teníamos como superados o controlados en el pasado regresan ahora debido a las fallas del sistema de prevención y protección”.
Trabajo infantil peligroso
Para Cabrera lo acontecido en la ciudad de Tobatí evidencia, con mucho dolor, la falta de un sistema de protección social con capacidad de brindar medidas preventivas ante el trabajo infantil peligroso, para que las familias tengan recursos de modo compensatorio, de modo a no llegar a la mendicidad o caer en redes de explotación laboral e incluso sexual. “La pobreza es la raíz de la situación, tanto en la explotación laboral como en los casos de niñez en calle. Mientras el tema de fondo (la pobreza y las desigualdades) no sea abordado de modo integral y sistémico, seguiremos teniendo a personas en situaciones de calle”.
Codenis sin recursos
La atención de cualquier grupo de población en situación de calle es responsabilidad primaria de los municipios, quienes tienen atribuciones legales y recursos para generar acciones de prevención y protección a grupos más vulnerables.
“Las Codenis de los municipios siguen sin tener recursos ni equipos técnicos especializados para abordar las diversas situaciones que se dan a nivel local. No se puede esperar que todo se resuelva desde el nivel nacional, o sea desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que tiene un mandato misional de rectoría de las políticas públicas en el ámbito de niñas, niños y adolescentes”.
“Los gobiernos locales, en virtud a la descentralización, tienen claros mandatos legales para atender las diversas problemáticas sociales y económicas que existen en sus calles, plazas y barrios. Pero no basta con tener marcos legales de buena calidad, si los mismos no tienen presupuestos públicos para su implementación: tenemos leyes que son papeles sin sentido”, critica.
Las calles vuelven a ser ocupadas por los más pobres
Hoy vemos a quienes están en la calle y forman parte ya del gris panorama de la ciudad, pero esas personas son quienes lograron llegar desde sus comunidades a pedir ayuda: existen miles como ellas que no pueden salir, por no tener recursos, caminos, fuerzas ni apoyo.
Según el director de la CDIA, “el Estado de Paraguay es un conjunto de instituciones violentas y hostiles hacia su población, principalmente hacia aquellos grupos más vulnerables, como las comunidades indígenas, a quienes discrimina y utiliza de modo clientelar e incluso feudal. Existen pocas personas que son realmente servidoras públicas, que entienden cuál es su rol en la gestión de las políticas públicas, pero siempre están relegadas de los cargos directivos y de decisión, o sin recursos para actuar”.
“Nuestras sociedades debe volver a humanizarse y el Estado tiene la responsabilidad de acompañar esa acción de modo prioritario. Caso contrario será un Estado fallido, con una sociedad sin presente ni futuro”, afirma.