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La Itaipú Binacional promovió ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad para anular la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que dispone de la auditoría de los gastos sociales. El principal argumento planteado refiere que estos recursos no pueden ser fiscalizados sin la autorización de ambos países contratantes, ya que en caso de aplicarse se estaría violando la soberanía de uno de los propietarios.
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Al respecto, la diputada señaló que tal argumento es falaz, ya que afirmó que la Constitución Nacional establece que se puede fiscalizar a las multinacionales. Además, comentó que existen precedentes de intervención unilateral, que se aplicó con voluntad política.
“Es un argumento falaz, chabacano y hereje que no tiene una correspondencia con nuestra Constitución. Está en el artículo 283/4, habla de la voluntad del constituyente de fiscalizar, controlar y vigilar las cuentas nacionales de todas las empresas multinacionales. Ya existen precedentes de que cuando la voluntad política se alinea se pueden realizar estas intervenciones. No va a ser la primera vez que se haga”, sostuvo.
Ayer, la directora jurídica de Itaipú, Magnolia Mendoza, señaló que el término binacional no corresponde a lo que señala la Constitución en cuanto a competencia sobre las multinacionales. Invocó una discusión que se realizó y quedó en constancia en las en actas de la Convención Constituyente de 1992.
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Al respecto, González afirmó que cuando se discute que el término multinacional no incluye a las binacionales “se está insultando la inteligencia”. Además, indicó que se basan en una consulta y no en la conclusión que brindó la Constituyente.
Igualmente, la diputada indicó que lo que se pretende con evitar la auditoría en la binacional es que no se conozcan las irregularidades en cuanto a los gastos. “En ambos lados estos fondos sociales fueron utilizados como botines políticos”, declaró.
Con respecto al argumento de que el Supremo Tribunal Federal del Brasil rechazó una auditoría de su órgano controlar señalando la necesidad de un acuerdo del lado paraguayo, la diputada del PEN recalcó que resulta irrisorio que se plantee dicha justificación. Añadió que nuestro país puede disponer y usar de los fondos sin previa autorización del Brasil, por lo que también se puede aplicar la misma fórmula a la auditoría.
Comentó, además, que el tratado de la binacional faculta a los países contratantes de perseguir las irregularidades de los funcionarios de su margen. En ese sentido, indicó que la auditoría tiene plena justificación, conforme a dicha competencia.
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La diputada también manifestó que cree que la Corte no hará lugar a la acción de inconstitucionalidad debido a que existen presiones sociales. Asimismo, indicó que no existe precedente por parte de los miembros de la Sala Constitucional que quedó en evidencia con la aprobación de la publicación de las declaraciones juradas.
Agregó que, teniendo en cuenta que el presidente Mario Abdo Benítez insta a la transparencia en la función pública, el mandatario debería destituir a los representantes de la hidroeléctrica que están trabando la auditoría a los gastos de los fondos sociales.
Auditoría, ¿mediante ley?
La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que obliga a la CGR a auditar las cuentas de las binacionales Itaipú y Yacyretá. La intención surge un día después de que la Itaipú presentara la inconstitucionalidad para negar el control.
Kattya señaló, en ese contexto, que espera que el Senado apruebe la iniciativa legislativa a fin de dejar la “pelota tata” en manos de Abdo Benítez. Además, indicó que el proyecto no es complejo, por lo que considera que puede ser tratado lo antes posibles.
Así también, señaló que, en caso de una eventual promulgación de la ley, Itaipú deberá plantear nuevamente una acción de inconstitucionalidad. Asimismo, resaltó que si la normativa entra en vigencia se podrá realizar auditorías financieras y respecto a obras.