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A las situaciones difíciles que deben enfrentar las diferentes empresas del sector productivo por causas relacionadas con la pandemia, se suma el aumento de las invasiones a propiedades privadas, que pone en vilo a varias zonas agropecuarias, informó el representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) ante el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Abog. Diego Torales.
Explicó que entre varios, el gremio señala cinco casos en los que los propietarios están siendo gravemente perjudicados, porque los invasores ingresan a las reservas forestales de los establecimientos, talando indiscriminadamente y generando faltas e infracciones que son imputadas a los dueños por parte de las instituciones del Ambiente (Mades) y de los bosques (Infona).
Torales comentó que en uno de los casos, los mismos grupos campesinos que entraron a talar, deforestar y robar rollos, hicieron vídeos de sus acciones y los difundieron, por lo que es de conocimiento público.
Sin embargo, en otro de los casos, el operativo policial de desalojo, que debía ser realizado el 12 del corriente mes, en San Pedro, fue postergado por la Policía Nacional “hasta que existan las condiciones sanitarias apropiadas para la ejecución”, eso significa, por el resto del tiempo que dure la pandemia.
Mencionó que la burocracia normativa para los operativos de desalojo dificultan el cumplimiento de la orden judicial, porque según el dictamen jurídico número 555, del 27 de abril de 2021, del Departamento Jurídico de la Policía Nacional, cuando exista presencia en el lugar de mujeres y niños, antes de la operación de debería comunicar y solicitar acompañamiento de al menos seis instituciones pertinentes: Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, Departamento de Recursos Humanos de la Policía Nacional, Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y Codeni, entre otras.
Igualmente, lamentó la facilidad con que los invasores pueden extraer y robar los rollos y leños para comercializarlos en el mercado, pasando por los diferentes controles de la Policía, el Mades y el Infona. Pero cuando un propietario quiere realizar la exploración racional de su madera, de sus bosques, los entes ponen tantas exigencias burocráticas que en algunos casos se vuelven barreras, a pesar de cumplir con todas las normativas.