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La abogada Magnolia Mendoza, directora jurídica de la Itaipú Binacional y esposa del senador colorado Silvio Ovelar, presentó la acción de inconstitucionalidad contra la resolución 236 del 30 de abril pasado, por la cual la Contraloría General de la República dispuso la realización de una auditoría financiera sobre los fondos destinados a gastos sociales en la hidroeléctrica.
El argumento principal de la acción planteada ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es que la Contraloría no está habilitada para ejercer un control financiero sobre los gastos sociales, atendiendo que la Itaipú es una persona jurídica conformada por el Brasil y Paraguay; por lo que ningún organismo interno puede influir en la binacional sin una previa autorización de ambas partes contratantes mediante un Tratado.
Al respecto la accionante resalta que “tanto el Tratado constitutivo como los anexos no establecen esta fiscalización por parte de las autoridades nacionales de los dos países, sino que se rige por estar dentro del concepto del Derecho Internacional, por auditorías externas”.
En el escrito presentado la hidroeléctrica invoca incluso una resolución del Supremo Tribunal Federal brasileño, del año 2020, en el que este niega que el órgano contralor del vecino país pueda ejercer una auditoría a la binacional y agrega que la fiscalización “tendrá que darse en los términos a ser acordados con la República del Paraguay y materializados en instrumentos diplomáticos”.
Además, recuerda que no hace mucho tiempo la propia Contraloría General había advertido que los tratados internacionales, tanto de la Itaipú Binacional como de la Entidad Binacional Yacyretá no contemplan la intervención de dicho organismo de control en la fiscalización de las cuentas de ambos entes y, por tal razón, pidió al Poder Ejecutivo que suscriba una adenda complementaria para facilitar el control financiero de ambas binacionales.
Medida de urgencia
Como medida cautelar de urgencia la Itaipú Binacional pide a la máxima instancia judicial que suspenda los efectos de la Resolución N° 236 del 30 de abril de 2021, dictada por la Contraloría General de la República, mientras se analice la acción de inconstitucionalidad.
La Sala Constitucional del máximo tribunal, presidida por el ministro César Diesel e integrada por sus colegas Gladys Bareiro de Módica y Antonio Fretes, tendrá a su cargo el análisis de la acción planteada por la hidroeléctrica binacional.
Pedido de la CGR a la justicia
Ante la negativa de la Itaipú Binacional la Contraloría General de la República planteó una medida de urgencia para que la justicia ordene que la hidroeléctrica abra sus puertas para la fiscalización de los fondos sociales por parte del órgano de control.
El 18 de mayo, el juez Édgar Rivas resolvió enviar el caso a la Corte Suprema, ya que a su criterio implica determinar la constitucionalidad o no de la medida solicitada por el ente contralor.
Sin embargo, hasta ayer, su Juzgado no había remitido la consulta constitucional a la CSJ.