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La entidad binacional plantea otro recurso legal a fin de seguir con la discrecionalidad y evitar que la Contraloría General pueda aplicar una auditoría a los gastos de los fondos sociales. Esta vez, promovieron una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la CGR a través de sus representantes jurídicos Óscar Bogado y Magnolia Mendoza.
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Mediante la acción de inconstitucionalidad, Itaipú recurre a la Sala Constitucional de la Corte para que la misma haga lugar a la medida contra la resolución CGR N° 236, con fecha del 30 de abril. Igualmente, la entidad solicita que la CSJ disponga “con carácter de urgencia” la suspensión de efectos de la dicha resolución.
Los representantes de la binacional plantean como principal argumento que resulta inconstitucional que la Contraloría General ejerza un control financiero/cumplimiento a los gastos sociales teniendo en cuenta que Itaipú es una persona jurídica conformada por el Brasil y nuestro país. En ese sentido, indican que ningún órgano interno puede influir en la binacional sin previa autorización otorgada mediante un tratado entre ambas partes contratantes.
En el documento presentado incluso invocan a un fallo del Supremo Tribunal Federal brasileño del 2020 en el que este niega que el órgano contralor del vecino país pueda ejercer una auditoría a la binacional. Del mismo modo, indican que dicha fiscalización “tendrá que darse en los términos a ser acordados con la República del Paraguay y materializados en instrumentos diplomáticos…”.
Si la Corte hace da trámite a la acción de inconstitucionalidad, la resolución de la CGR queda sin efecto mientras se analiza la cuestión de fondo. Teniendo en cuenta los antecedentes de la CSJ en este tipo de casos, la auditoría quedaría en suspenso durante un largo tiempo, según informó el periodista de ABC Carlos Ortega.
Desde que la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración para instar a la Contraloría General a realizar la auditoría a estos fondos sociales de las binacionales, los representantes y directivos de la Itaipú se manifestaron en contra de tal cometido. La Entidad Binacional Yacyretá también se mostró reticente en un principio, pero ante las presiones ciudadanas decidieron dar paso a la fiscalización con la entrega de la documentación requerida por la CGR.
Varios juristas se expidieron sobre el caso para aclarar la situación a pedido del Senado y emitieron dictámenes contrapuestos en cuanto a la forma de aplicar la auditoría. No obstante, todos coinciden en que existe existir una fiscalización de dichos recursos para que la ciudadanía pueda conocer en qué se destina los fondos, ya que es conocido botín político de los gobiernos de turno.
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Fondos sociales, a la emergencia sanitaria
Cabe destacar que los fondos sociales de ambas binacionales fueron otorgados al Gobierno nacional para utilizarlos en salud pública ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Estos recursos históricamente son un botín político de los gobiernos de turno, por lo que desde varios sectores sociales se insiste en que sean transparentados para conocer a qué fueron destinados en los últimos años.