Cargando...
En base a su experiencia como director de la Itaipú en el periodo 2008-2010, el abogado Carlos Mateo Balmelli opinó en ABC Cardinal sobre la acción judicial de inconstitucionalidad que presentó la binacional para evitar rendir cuentas a la Contraloría sobre los fondos socioambientales.
Balmelli puntualizó que definitivamente la Contraloría puede pedir cuentas, y la Itaipú está obligada a ser accesible a la transparencia por parte de instituciones como esta, la Fiscalía o el Congreso Nacional.
Lea: Itaipú acciona ante la Corte para evitar auditoría de Contraloría
Fue interpelado en su momento
Recordó que él mismo, siendo director de Itaipú había sido interpelado por el parlamento, siendo hasta ahora el único director de binacional que pasó por un proceso así.
Explicó que lo hizo porque estaba obligado, ya que habían firmado un decálogo en el cual las puertas de Itaipú se abrían para los organismos de control de cada país.
“El razonamiento del actual director posiblemente es que parte del supuesto de que la Itaipú solamente se rige por la Constitución de la República y lo que disponga el tratado, por tanto cualquier legislación es inferior, pero Itaipú tiene una dualidad jurídica en lo que hace a la creación de derechos. El manejo de la binacional se rige por la Constitución brasileña, la paraguaya y el tratado de Itaipú signado por los dos países”, explicó detalladamente Mateo Balmelli.
Lea más: Senado pide a Contraloría auditar uso de fondos sociales de binacionales
Debe crear su propio derecho
Añadió que la entidad tiene una naturaleza jurídica “que le obliga a crear su propio derecho. Por ejemplo, el acuerdo Samek-Mateo, fue internalizado vía el directorio de la entidad, y pasó al Consejo de Administración, que le dio estatus de norma”, puntualizó Balmelli.
Recordó además que la responsabilidad social o fondos sociales, tiene su origen en Montevideo en el año 2005, “cuando Leila Rachid firmó un acuerdo, y esos fondos sociales fueron incorporados a la entidad”.
“Esa nota reversal nunca pasó al parlamento paraguayo ni por el parlamento brasileño. Directamente se incorporó a la entidad vía una resolución del directorio y una resolución del Consejo de Administración”, continuó explicando Carlos Mateo Balmelli.
“Uno no puede solo mirar el tratado”
Señaló que hoy en día esas notas “están subsumidas en gastos administrativos; eso se hizo vía organismos interiores de la Itaipú, que también generan derechos. La Itaipú tiene una naturaleza jurídica ambigua, uno no puede solo mirar el tratado; hay que mirar además como el tratado autoriza al Consejo de Administración a ir creando las normas para el funcionamiento administrativo, legislar como se mantendrán las instalaciones de la hidroeléctrica y cómo se pagarán todas las cuentas”, describió el exdirector de la binacional.
Agregó que los organismos de la entidad son competentes para crear derechos, y el derecho que generen estos organismos compromete y obliga a la entidad.
“Al estar firmado el decálogo Mateo- Samek es obligatorio rendir cuentas, la declaración Lula-Lugo recoge entre sus reivindicaciones ese decálogo. Está totalmente reconocido políticamente y no riñe con el tratado de Itaipú”, subrayó Balmelli.
“Es una obligación transparentar”
“No es solamente el tratado, como cree lastimosamente Manuel Cáceres y todos los anteriores directores de la entidad. No es que sea una facultad discrecional del director, es una obligación transparentar. El 15 de agosto de 2008 se firmó el decálogo, fue aprobado por directorio y por Consejo de Administración”, recalcó.
Opinó que si Itaipú se resiste al control es porque “lastimosamente hay todavía resabios de pensar que Itamaratí o el Barón de Río Branco son los que tienen que determinar el comportamiento interior de la entidad. Eso es sumisión de nuestra parte”, criticó Balmelli.
Itaipú pretende no rendir cuentas
Recordemos que este martes 25 de mayo Itaipú presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Contraloría General de la República que establece la realización de una auditoría financiera de los fondos asignados para gastos socioambientales. La hidroeléctrica pide la suspensión de los efectos del dictamen como medida cautelar de urgencia.
Según Itaipú, la Contraloría no puede interferir en las binacionales pues la Carta Magna, solo habla de entidades multinacionales.
Todo este conflicto tiene su origen en la nueva ley sancionada por el Congreso, que obliga a las binacionales a entregar sus fondos sociales y destinarlos a la salud pública que enfrenta el peor escenario de crisis debido a la pandemia del coronavirus.