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El Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, remitió a la Fiscalía y al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los antecedentes de la jueza de ejecución Mercedes Aguirre Ugarte, actualmente suspendida en sus funciones; y la agente fiscal Rosa Nilda Heinroth por una resolución irregular que fue dictada el 19 de octubre de 2020 a favor de un condenado por tráfico de drogas.
Por Auto Interlocutorio Nº 1348 la jueza Mercedes Aguirre unificó dos penas contra el narcotraficante Francisco Javier Espínola; una de 15 años de cárcel y otra de 17 años de prisión, y determinó que el condenado cumpla solo 15 años y seis meses de pena privativa de libertad, que será cumplida el 7 de agosto de 2030, por lo que el condenado tendrá el derecho de solicitar libertad condicional el 7 de febrero del año 2025.
Además de la irregular unificación de las penas (según la Cámara), el 5 de noviembre de 2020 la jueza Aguirre benefició al traficante de drogas con un arresto domiciliario por 45 días, que cumplió en su casa ubicada en Fernando de la Mora. Para el efecto alegó una supuesta lesión de ligamento cruzado que sufría el condenado.
Los camaristas Gustavo Ocampos, Cristóbal Sánchez y Pedro Mayor Martínez afirman que Aguirre violó la ley al unificar en 15 años y seis meses las dos condenas en contra de Espínola, ya que la norma establece que la pena unitaria tiene que ser mayor a la pena más grave anterior (que en este caso es de 17 años) y se debe fijar aumentando racionalmente esta última, pudiendo como máximo alcanzar la suma de las penas anteriores.
La ley puntualiza también que en ambos casos “no se podrá exceder el límite que prevé el Código Penal para la pena privativa de libertad”.
En ese sentido, el tribunal señala que la pena unitaria de Espínola de ninguna manera puede ser menor a su pena más grave anterior, es decir, debe ser mayor a 17 años; y que atendiendo lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal, la condena máxima puede llegar a los 30 años.
Pese a que la resolución está viciada de irregularidad, el Tribunal de Apelación no tuvo otra de confirmar el fallo, debido a que la fiscala Rosa Heinroth presentó la apelación recién el 21 de diciembre de 2020, cuando que fue notificada el 22 de octubre de ese año. Es decir, planteó el recurso dos meses después de tomar conocimiento del fallo atacado.
Los camaristas resaltan en la resolución que consideran “como mínimo llamativo el proceder tanto de la jueza Mercedes Aguirre como de la agente fiscal Rosa Nilda Heinroth”, en consecuencia, remitieron los antecedentes a la Fiscalía y la Corte.
Interina revocó el arresto y ordenó la captura del narco
La jueza María Teresa Ruiz Díaz, interina en el Juzgado de Ejecución Nº 1, revocó el arresto domiciliario y ordenó la captura del condenado por narcotráfico Francisco Javier Espínola, quien hasta ahora está con paradero desconocido, de acuerdo a los datos oficiales.
Este caso de Espínola y el arresto domiciliario otorgados al ciudadano colombiano Octavio Vargas Muñoz, condenado a 15 años de cárcel por narcotráfico, son los cuestionamientos que tiene la suspendida jueza Mercedes Aguirre.