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SAN ANTONIO (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). Un importante contingente policial acompañó el procedimiento para el despeje del inmueble con cuenta corriente catastral 27-0299-02, cuyo dueño es Eligio Isidoro Fernández, y el terreno con cuenta corriente catastral 27-0299-04, a nombre de Eva Mafalda Klein Canellas, ambos ubicados en el barrio Cándida Achucarro de esta ciudad. La propiedad reclamada por Fernández tiene unas tres hectáreas y media y en el predio se encontraban unas 80 familias, en su mayoría con casas precarias, aunque también habían viviendas de material cocido.
El otro predio contiguo, de la familia Klein, tiene nueve metros de frente y más de 400 metros de fondo. En el lugar estaban unas 30 casas, algunas vacías en el momento de la intervención.
Las fiscalas Laura Ávalos y Sandra Ledezma de San Antonio y Luque, respectivamente, llegaron al sitio con la idea de persuadir a los ocupantes para salir en forma pacífica. Dieron un plazo de 15 minutos para abandonar el sitio o de lo contrario serían detenidos.
En principio, el abogado de los supuestos invasores Javier Segovia, que también sería funcionario de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), indicó que los ocupantes no iban a salir y estaban dispuestos a ser detenidos y procesados. Sin embargo, la fiscal Ledezma ordenó su detención por obstruir el procedimiento.
El profesional fue esposado y derivado a la jefatura de la Policía Nacional en San Lorenzo.
El presidente de los supuestos sin tierras, Isaac Benítez, también fue detenido tras ser acusado por los ocupantes de cobrar por las parcelas de 3 a 5 millones de guaraníes.
“Vamos a llamar a la gente a una indagatoria y el presidente será imputado por estafa y motivar la realización de un hecho punible, que es la invasión de inmueble ajeno. Tenemos informes de que cobraba a la gente para ingresar al lugar”, expresó la fiscal Ledezma.
La fiscal Laura Ávalos, en tanto, comentó que la propiedad de la familia Klein se encuentra al día con los impuestos correspondientes. Adelantó que también citará a los ocupantes para una indagatoria.
Por su parte, el abogado Segovia señaló que las personas que reclaman la propiedad no cuentan con documentos que acrediten la titularidad. Afirmó que los ocupantes ganaron un litigio presentado en el juzgado de Lambaré.