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El juez Édgar Rivas resolvió ayer trasladar a la Corte Suprema de Justicia el amparo judicial presentado por la Contraloría General de la República (CGR) de nuestro país para obligar a la entidad Itaipú Binacional a permitirle auditar las inversiones de “fondos sociales” hechas por la entidad, que han sido blanco de críticas por la percepción de que esos recursos son manejados en forma discrecional por los directores de las entidades binacionales, sin ningún control del Estado.
La CGR decidió recurrir a la Justicia para r tener acceso a los datos de las inversiones sociales que realiza Itaipú luego de que el director paraguayo de la binacional, Manuel María Cáceres, se negara a entregar la información requerida, alegando que la Contraloría no tiene autoridad para auditar las finanzas de las entidades binacionales, y que permitírselo sería ir en contra del Tratado de Itaipú.
En su argumentación sobre el caso, el juez Rivas coincidió con lo expresado previamente por el contralor Camilo Benítez, señalando que la Constitución Nacional atribuye a la Contraloría “la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta, en los términos de los respectivos tratados”. La Constitución Nacional, por lo tanto, tiene prioridad sobre cualquier tratado al ser la “ley suprema de la República”. El problema es que la Constitución no hace referencia explícita a entidades binacionales como Itaipú –gestionada por Paraguay y Brasil– o Yacyretá –administrada con Argentina–, con un marco jurídico particular, por lo que el magistrado concluye que la Corte Suprema debe realizar una “revisión” de la constitucionalidad del pedido de la Contraloría.
En principio, la Contraloría también tenía planeado accionar judicialmente contra la binacional Yacyretá ante la negativa inicial de su director paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, de permitir la auditoría, aunque finalmente el ente contralor pudo acceder a los documentos requeridos a esa entidad.
La CGR comunicó el pasado 23 de abril a Itaipú y la EBY su decisión para la auditoría referida.