Organizaciones sociales provenientes de diferentes puntos del departamento Central y Cordillera se movilizan en el microcentro de Asunción exigiendo la ejecución de los US$ 47 millones del plan de reactivación económica. Cuestionan la administración del titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Carlos Alberto Pereira, puesto que -según denuncian- dilata las adjudicaciones.

Cabe recordar que la ejecución de esos recursos se realizará aplicando la normativa del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), Ley N° 3637. Este programa permite transferencias directas a los “Servicios de Asistencia Técnica (SAT)”, los cuales son los gestores de proyectos de casa propia para la gente de escasos recursos y tienen a su cargo contratar a la constructora responsable de las obras, sin que exista una competencia entre empresas ni control ciudadano. Este mecanismo facilita que compañías de dudosa procedencia reciban recursos públicos sin mayor control.

De hecho, en la anterior administración, a cargo de Dany Durand, se reportaron casos de injerencia política. Un análisis de los contratos adjudicados en su gestión permitió constatar que pocas empresas se alzaban con millonarios contratos, registrándose casos en que los SAT estaban vinculados con las constructoras, dando indicios de que un pequeño grupo de personas se alzaban con gran parte del dinero estatal, reportándose incluso casos de estafa. Fue entonces que en Diputados surgió la iniciativa de someter al programa al control de Contrataciones Públicas, que generó el rechazo de Durand e instó a las organizaciones a escrachar a los proponentes, situación que se filtró y terminó obligando a presentar su renuncia, y Pereira asumió en su reemplazo.

Ese grupo que era la base de Durand, identificado como “multisectorial”, está integrado por prácticamente las mismas organizaciones que acampan frente a la sede del MUVH desde ayer. Semanas atrás habían enviado una nota al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, exigiendo la destitución del ministro Pereira, rechazando la reforma al Fonavis, que lo presentó ante el Congreso para que tenga fuerza de ley y no sea borrado “de un plumazo”, y cuenta con media sanción del Senado y está pendiente de tratamiento de Diputados.

La reforma consiste en convertir en más trazables y transparentes los procesos. Para que los SAT puedan adjudicarse con parte de los US$ 47 millones deben adecuarse a esta normativa obligatoriamente, se reportó desde el MUVH.

Nelson Alvarenga, uno de los manifestantes oriundo de Luque, expresó que les urgen las adjudicaciones dada la crisis económica ocasionada con la pandemia. Diego Segovia, también del grupo, indicó que solo desean que se atiendan sus reclamos y cuestionó la acción policial, que según el jefe de policía de la 3ª Metropolitana, Inocencio Arrúa, consistió en la contención de los protestantes para precautelar la seguridad del edificio y de los funcionarios públicos.

En cuanto a las suspensiones e inhabilitaciones, Alfonso Acuña, representante de Asociación Base para el Desarrollo Social (Badeso), indicó que fue suspendido al verse involucrado en la denuncia de supuesta falsificación de firmas en proyectos de Concepción, presentado en mesa de entrada del MUVH en setiembre del año pasado, bajo la administración de Dany Durand.

“Hay gente que vino a rectificar la denuncia y aún así sigo suspendido, ni siquiera me llamaron de la Fiscalía para poder defenderme”, dijo esta mañana. Acuña se encuentra encadenado frente al MUVH como medida de fuerza para que sea habilitado nuevamente como proveedora y poder adjudicarse con parte del dinero de la reactivación económica.

La fiscala Susy Riquelme tiene a su cargo la investigación de la denuncia presentada el año pasado, en mesa de entrada, de asentamiento de Concepción, consistente en que varios proyectos presentados por los SAT Taka, de Juan Enrique Rolón Garay; la Asociación Base para el Desarrollo Social (Badeso), de Alfonso Acuña, y la Asociación Tekove Servicio de Acción Social, de Nicolás Rivas, además de Gustavo Cabañas y Verónica Ojeda. Esta última fue que Contraloría constató que no cumplió todas las especificaciones técnicas y las viviendas sociales resultaron más caras de lo que figura en el contrato.

División entre proveedoras SAT

Ante el cambio de administración, surgió una división entre los SAT y se creó una nueva organización denominada Asociación de Servicio de Asistencia Técnica (Aso SAT), cuyo referente es Carlos Fleitas, quien expresó su apoyo a la gestión del ministro Pereira y aclaró que la ejecución del crédito destinado para la reactivación económica es prácticamente inminente. “El ministro está haciendo una depuración para dejar a los que hacen bien su trabajo, lo cual finalmente permitirá consolidar al programa Fonavis”, expresó.

Fleitas indicó que se está trabajando con los ceramistas para mantenerlos como principales proveedores para las obras de las viviendas sociales. Se intentó conversar con ceramistas referentes pero hasta el momento no hubo retorno.

Por su parte, el ministro Pereira había manifestado que se encuentra abocado en la verificación del cumplimiento de los requisitos para los aspirantes de los subsidios, junto con la Auditoría del Poder Ejecutivo, dado los antecedentes denunciados. Estima que en los próximos días se estaría concretando las primeras adjudicaciones a aquellos que cumplan las exigencias planteadas en su administración.