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Benítez se refirió en principio a ambas entidades, pero el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, finalmente presentó los documentos requeridos por la Contraloría.
Por ese motivo, el único caso judicializado será el de Itaipú, cuyo director Manuel Cáceres, para justificar su negativa, le negó competencia a la Contraloría para realizar la auditoría.
Ante esta situación, el contralor dijo que aplicarán el artículo 20 de su Carta orgánica, solicitando un amparo judicial de urgencia para obligar al director paraguayo de la binacional para que les provean la información. Benítez apuntó que el director de Itaipú, en una postura histórica, alegó que la auditoría del órgano de control paraguayo sería atentatoria al tratado que rige su funcionamiento. De esta manera, arguyeron que la Contraloría no tiene competencia para auditar Itaipú porque, supuestamente, sería una violación al tratado.
El contralor dijo que desde su institución consideraban que su competencia es constitucional porque la Constitución está por encima del tratado y por eso pueden hacer la tarea que les encomendó el Senado.
Aclaró que la auditoría se refiere solamente al uso de lo gastos sociales.
Indicó que el hecho de que Yacyretá haya enviado los documentos requeridos resulta estratégico para el amparo que impulsarán ante la Justicia, ya que van a argumentar que la otra binacional sí se prestó a la auditoría. Apuntó que la expectativa que tienen es que un juez de Primera Instancia ordene al director a facilitar la documentación requerida.