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La defensa del exsecretario del entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher argumenta que el Tribunal de Sentencia dictaminó teniendo en cuenta las declaraciones de los testigos Ángel Chávez y la escritora Maxodonia Fernández, tía de Fernández Lippmann. Esta última había señalado que el crecimiento patrimonial de su sobrino se debió a que cobraba una comisión por la reventa de sus obras literarias, por lo que los jueces decidieron darle credibilidad a la versión y descartaron algunas pericias y testimonios presentados por el Ministerio Público.
Así también, el abogado Arias argumentó en el recurso de casación que no existe la violación de reglas de las salas críticas por parte del Tribunal de Sentencia al valorar las pruebas. Además, cuestionó que una sentencia definitiva “tan bien lograda” haya sido anulada con justificaciones “rebuscadas y tan mal explicadas”, según informó el periodista de ABC Carlos Ortega.
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La Cámara de Apelaciones -integrada por los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez Faría y José Agustín Fernández- el pasado 28 de abril había hecho lugar a la apelación presentada por la fiscala Victoria Acuña y anuló la sentencia definitiva N° 402, del 26 de noviembre de 2020, por la cual se dictó la absolución de los acusados Raúl Fernández Lippmann y Cristian León Guimaraes, de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El tribunal de alzada alegó que la sentencia dictada por los magistrados Juan Pablo Mendoza (presidente), Laura Ocampo y Fabián Weisensee es contradictoria porque dio “plena validez a las pericias de Darío Vázquez Piatti y Natalia Giménez, quienes usaron como base la pericia incompleta de la Contraloría General de la República; sin embargo, concluye que los hechos punibles acusados no fueron probados”.
Los camaristas también cuestionaron que el fallo del tribunal de sentencia indica que “no se ha acreditado en juicio ni el origen del dinero, así como tampoco su destino; es decir, no se ha establecido una trazabilidad respecto al movimiento del dinero”.
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Indican que esta fundamentación es contradictoria, ya que la acusación es por los hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y el tribunal consideró que no existe trazabilidad del dinero. Sin embargo, más adelante puntualiza que “resultando atípica la conducta referida al enriquecimiento ilícito, tampoco es posible construir la tipicidad del lavado de dinero”.
El tribunal de apelación argumenta además una falta de valoración armónica de las pruebas producidas en el juicio oral y destaca sobre este punto que los jueces de sentencia no explican en su fallo por qué dieron como válido el testimonio de la tía de Fernández Lippmann, descartando todo el caudal probatorio ofrecido por la fiscala Acuña.
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La fiscala Acuña solicitó 8 años de prisión para Fernández Lippmann, pues aseguró que pudo probar en el juicio oral que se enriqueció de forma ilícita entre los años 2007 y 2017, cuando ejercía de secretario general del JEM. Según indicó, el acusado no pudo justificar ingresos por la suma de G. 1.327.393.602, ya que lo único que percibía de forma legal era su salario como funcionario del Jurado, donde mensualmente cobraba aproximadamente unos G. 22.000.000.
Fernández Lippmann fue uno de los escuchados en los audios filtrados del JEM, que desencadenaron el proceso judicial del ex senador colorado y titular del Jurado Óscar González Daher.