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CIUDAD DEL ESTE. (De nuestra redacción regional). El 13 de mayo de 2019 Prieto Vallejos asumió como intendente de la segunda ciudad más poblada del país y conformó su Gabinete predominantemente con gente joven.
En sus primeros 100 días de Gobierno, el jefe comunal desvinculó del ente municipal a casi 1.000 funcionarios sin tareas específicas, instaló relojes biométricos para controlar la asistencia del personal, denunció en la Fiscalía General del Estado daños económicos provocados por sus antecesores: los intendentes colorados cartistas Sandra McLeod de Zacarías Irún (esposa de Javier, el cuestionado senador) y Perla Rodríguez de Cabral (esposa del exdiputado Elio Cabral).
Visión ciudadana
Las medidas adoptadas por la nueva administración fueron bien aceptadas por un amplio sector ciudadano. Los aciertos siguieron con la recuperación de varios bienes municipales como la terminal de buses, el Shopping Box, entre otros sitios importantes. Además la importante inversión en el Hospital Regional de Ciudad del Este.
Destacan falencias
Entre las falencias de la gestión de Prieto aparecen el retraso de la ejecución de obras en las escuelas financiadas con el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
En 2020 ninguna construcción se inició y en este 2021 persiste la lentitud en la aplicación de los fondos educativos.
El intendente tampoco dio seguimiento a las denuncias presentadas contra los cuestionados Sandra McLeod y Rodríguez de Cabral.
Además, continúa la circulación de los buses chatarras, el mal estado de calles y la falta de un plan urbanístico.
Supuestos ilícitos
La administración de Prieto también fue denunciada por supuestos casos de corrupción en la Fiscalía General y en la Contraloría General de la República.
Algunas denuncias están archivadas por inverosimilitud, mientras que prosiguen la investigación en otros casos.
La última acusación contra la gestión municipal fue lanzada por la Contraloría Ciudadana y se trata de supuesta malversación de la recaudación del impuesto inmobiliario.
Prieto desmintió a la Contraloría Ciudadana la denuncia que presentaron en su contra. Acusó a los miembros de la organización de tener intereses económicos en la Municipalidad de esta ciudad mediante el cobro de millonarias deudas.