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La polémica por los “fondos sociales” de las hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá ha sido uno de los temas centrales en la política paraguaya en las últimas semanas, luego de que el presidente Mario Abdo Benítez se viera obligado, por presión social, a promulgar una ley que permita al Gobierno emplear esos fondos de “desarrollo social”, otrora distribuidos a solo criterio de las directivas de las binacionales, para fortalecer el sistema de salud paraguayo ante la pandemia de COVID-19.
Ante los crecientes llamados a transparentar el uso de esos fondos sociales y su uso aparentemente discrecional, la Itaipú Binacional habilitó el sábado una sección en su página web donde “se pueden observar las inversiones realizadas en el período de la pandemia de COVID-19 (años 2020 y 2021)”, de acuerdo a un comunicado.
En su anuncio, Itaipú afirma que “viene invirtiendo más de US$ 71,2 millones a favor de la salud y de la protección social de poblaciones vulnerables, desde el inicio de la emergencia sanitaria”.
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Entre las inversiones que cita Itaipú en su comunicado figuran US$ 23 millones para la construcción y el equipamiento de unidades de salud familiar y US$ 7 millones en la compra de insumos y medicamentos.
A pesar de su profesa intención de “profundizar la transparencia en el manejo de los gastos socioambientales”, tanto Itaipú como Yacyretá mantienen posturas hostiles a la intervención de la Contraloría General de la República en las finanzas de los entes binacionales.
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La semana pasada, el director paraguayo de Yacyretá y expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, alegó que las binacionales carecen de una “cuenta nacional”, por lo cual no pueden ser auditadas por la Contraloría.
“Dice la Constitución que la Contraloría podrá fijar sus actividades siempre respetando los límites de las normas y el tratado”, dijo al justificar su postura, agregando que las inversiones sociales de su entidad se pueden consultar también en su página web oficial.