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En la sesión ordinaria de esta semana, el pleno de la máxima instancia judicial aprobó la Acordada Nº 1525 mediante la cual se insta a todos los magistrados de la República “que por mandato del principio de legalidad procesal establecido en la Constitución Nacional y en el Código Procesal Penal, custodien que los procesos no sean distorsionados”.
El objetivo es evitar la acumulación innecesaria de causas y establecer salidas rápidas a aquellos conflictos que requieren respuesta jurisdiccional.
La Acordada dispone en el artículo 1º que las causas en las cuales el procesado no está individualizado y no exista oposición por parte de la víctima, tendrán que ser devueltas a la Fiscalía para los fines establecidos en el artículo 313 del CPP.
Agrega que el trámite de oposición previsto en el artículo 314 del CPP puede ser aplicado en los casos previstos en la Ley, cuando de la lectura del requerimiento surja que el imputado en cuyo beneficio se requiere desestimación haya sido individualizado y el juez así lo estime pertinente.
La ministra de la Corte Carolina Llanes, encargada de la Oficina Técnica Penal, informó que a través de un trabajo de relevamiento en los 12 Juzgados de Garantías de la Capital se detectó que actualmente existen 3024 causas que son tramitadas.
Ante esta situación pidió a los jueces que procedan al estudio y resolución de las mismas. Un nuevo informe sobre el estado de situación demostró que al 15 de enero del 2021 se avanzó en el programa de depuración y se logró reducir significativamente la cantidad de causas, pero el proceso de agilizar la desestimación sigue siendo deficitario.
“Lo que pretendemos es establecer salidas rápidas en todos aquellos conflictos que requieren respuesta jurisdiccional”, resaltó la ministra Llanes durante la sesión del pleno en la que se aprobó la Acordada Nº 1525.