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Un total de siete colorados y un liberal cuentan con procesos por delitos de supuesta corrupción pública. Dos de ellos en el 2019 se salvaron de perder sus cargos, gracias al pacto de impunidad entre colorados y liberales.
Se trata de Ulises Quintana (ANR, HC), quien fue a la cárcel y está procesado por ser cómplice del presunto narco Reinaldo Cabaña. Actualmente es precandidato a intendente de Ciudad del Este por Concordia Colorada. (ver infografía).
El diputado Tomás Rivas (ANR, HC) está acusado por el caso “caseros de oro”. Gracias a las chicanas que plantea dilata su caso. Rivas sentó precedente al ser el primer diputado en plantear la inconstitucionalidad de su pedido de desafuero, que logró cajonear durante un año.
El caso de Rivas es idéntico al del exdiputado José María Ibáñez (ANR, Añetete). Usó el mismo esquema de pagar a sus caseros con dinero de la Cámara, haciéndoles figurar como funcionarios cuando en realidad cumplían solo funciones domésticas. Si bien Ibáñez gracias a la ayuda de sus colegas logró archivar su pedido de pérdida de investidura, no pudo frenar la fuerte presión ciudadana que le forzó a renunciar al cargo. El reclamo de locales gastronómicos y escraches públicos lo obligaron a tomar la decisión.
Miguel Cuevas, quien está acusado por enriquecimiento ilícito también fue a la cárcel estando en funciones e incluso, siendo investigado llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados.
Los cartistas amagaron en una oportunidad plantear la pérdida de investidura de Ulises y Cuevas, pero no se animaron y prefirieron pactar una “operación cicatriz”.
El diputado Éver Noguera (ANR, Añetete), quien está imputado por posible fraude con la merienda escolar en Guairá, en la misma causa del senador Rodolfo Friedmann (Añetete) pidió incluso a sus colegas que rechacen el pedido de desafuero. Gracias a la complicidad de sus colegas se rechazó y no avanza la investigación de su caso.
El diputado Esteban Samaniego (Añetete) solicitó tratar su desafuero pero ya sabía que no se iban a reunir 53 votos de 80. No hubo el número suficiente y se archivó el pedido. Su caso fue para que enfrente una demanda por difamación y calumnia. También posee otra causa por supuesto faltante cuando era intendente de Quyquyhó.
Otro caso que ni siquiera avanzó es el del diputado Avelino Dávalos (ANR, HC), quien fue denunciado por un perjuicio patrimonial de G. 192.000 millones, cuando era gobernador. La diputada Marlene Ocampos (HC) y Teófilo Espínola (PLRA) están acusados por supuesto perjuicio patrimonial.