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“Tira al tacho la ley y hace imposible su cumplimiento”, enfatizó Llano sobre el reglamento del Poder Ejecutivo. Dijo que el Gobierno en varias ocasiones ha desvirtuado las iniciativas legislativas con reglamentaciones que cambian el sentido original, como por ejemplo con el caso de la ley de arancel cero en las universidades.
“Los parlamentarios quedamos como pelotudos porque se sanciona y promulga la ley, celebramos y nos abrazamos todos, pero al final de cuentas el decreto reglamentario manda al tacho todo lo que pretendía el cumplimiento de esa ley”, enfatizó.
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Destacó que la reglamentación ni siquiera tiene anexo presupuestario y se demuestra una vez más que el Gobierno no tiene intenciones de transparentar el uso de los fondos socioambientales de Itaipú y Yacyretá. Cuestionó, por ejemplo, que el director paraguayo de Itaipú haya pedido una orden judicial para que la Contraloría realice una auditoría.
“Evidentemente no quieren transparentar, no es su voluntad política transparentar la utilización de recursos socioambientales de Yacyretá, es algo alevoso”, criticó.
Así también, Llano calificó de una “gran decepción” que el Gobierno sea tan insensible y “haga tabla rasa de una ley que era muy clara”.
Cabe recordar que el martes, autoridades del Poder Ejecutivo presentaron la reglamentación de la ley, sin dar detalles de a cuánto asciende el total de los fondos socioambientales que destinarán a salud, cuándo enviarán los recursos ni cómo serán distribuidos.
Los titulares de las entidades binacionales habían asegurado antes de la aprobación del Congreso que la aplicación de la ley era impracticable porque existen otros programas sociales a los que también se debe destinar el dinero.
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Un “mamotreto” que debe ser rechazado
Por otra parte, también habló de la conocida como “ley garrote”, a la que calificó de un “mamotreto” que sin lugar a dudas debe ser rechazado porque viola muchas garantías constitucionales. “No resiste el menor análisis desde el punto de vista constitucional y político”, aseveró.
Agregó que violenta varios derechos individuales consagrados por la Carta Magna, como el libre tránsito o la libertad de reunión. El Congreso, para mantener mínimamente el equilibrio de poderes, tiene que rechazar esta intención para que quede bien claro que no es la forma ni el momento”, sentenció.
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El mencionado proyecto establece sanciones y multas de entre 5 y 300 jornales, en caso de incumplimiento de las medidas sanitarias, como la violación a la limitación para circular, el uso obligatorio de sistemas de ventilación, lavado de manos o uso de mascarillas, entre otros.
Tanto grupos políticos como abogados como gremios empresariales expresaron su rechazo total a la ley, puesto que la consideran dictatorial al establecer limitaciones inconstitucionales y limitar el desplazamiento y el trabajo.