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En su descargo el diputado Carlos Portillo volvió a referir que es “víctima de una persecución política”. Dijo que llama la atención que los audios salgan a la luz justo antes de unas elecciones. Expresó que desconoce las grabaciones que le son atribuidas y pidió perdón si en algunas de sus expresiones faltó a la conducta de los legisladores.
Invocó el artículo que establece que las pruebas obtenidas de forma ilegal son inválidas. “Estos audios no solo son mentira, sino que no son válidos como prueba de algo. Los que me atribuyen esos audios no muestran la orden judicial que autoriza la grabación”, acotó.
Señaló que los hechos por los que el proyectista argumenta el pedido de pérdida de investidura ya fueron juzgados y que se comprobó que no hubo delitos. También citó el artículo 17 del Código Procesal Penal que remarca el derecho a la presunción de inocencia, que no se lo juzgue dos veces por el mismo hecho. En otro punto, citó el artículo 8 de la ley 1/89 del Pacto de San José de Costa Rica que establece las garantías judiciales para los procesados.
Recordó que ya se presentó un pedido de expulsión en su contra en la Cámara Baja y negó haber traficado influencias. Dijo que no existen pruebas fehacientes de los hechos que se le atribuyen. También pidió el peritaje de los audios que fueron filtrados para conocer su procedencia y en qué dispositivo fueron modificados porque en su poder no existían. Asimismo pidió que los diputados de la bancada de Honor Colorado declaren si es que alguno recibió un ofrecimiento de dinero de su parte para algún nombramiento. “Niego categóricamente”, acotó.
Finalmente, solicitó que le otorguen más tiempo para hacer uso de su defensa. Pidió un plazo de al menos 48 horas y mocionó que se vote por la postergación del tratamiento del tema.
Por su parte, Ramón Romero Roa se ratificó en su acusación e indicó que los hechos mencionados son precedentes de la “conducta perversa” en su rol de legislador.
Celeste Amarilla intervino y pidió al legislador acusado que renuncie porque se convirtió en una carga para el Partido Liberal. Según dijo, le cuesta defender al partido cuando involucran a Portillo en las discusiones.
Dijo que el partido no debe pagar por los hechos cometidos por él. “Si le queda algo de responsabilidad y dignidad debe renunciar. “Fue muy difícil tenerlo en estos dos años y medio en la Cámara. Le pido que no nos exponga a esto. Es reincidente su conducta, es uno de los diputados más cuestionados por la ciudadanía”, aseveró. Por otra parte, comentó que no tiene problemas con que se le otorgue tiempo para su debida defensa.
Jorge Brítez también habló y expresó que es incómodo tratar la pérdida de investidura de un colega. Señaló que no puede quedar solo en una cuestión de votos la expulsión de un parlamentario. Apoyó el pedido de darle tiempo para que prepare su defensa.
Rodrigo Blanco volvió a comentar que él se abstiene en votaciones sobre pérdida de investidura de sus pares porque es un proceso no reglamentado.
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Sebastián Villarejo pidió que se lleve a votación la postergación o no del tratamiento del tema mientras que Romero Roa volvió a hacer uso de la palabra y se preguntó: ¿Qué es lo que podría cambiar en 48 horas?, en referencia al pedido de Portillo.
Romero Roa también aludió a que existe la posibilidad de que en ese tiempo de prórroga se “negocien posturas”.
En una nueva intervención, Celeste Amarilla se allanó a la moción de Romero Roa y pidió que se prosiga a la siguiente instancia del proceso de expulsión. Recordó que el Congreso no es una instancia juzgadora y que el asunto de Portillo es una cuestión política. “Me adhiero a la propuesta del colega Romero Roa y mociono concretamente en que se prosiga a la otra etapa de la votación por la pérdida de investidura “, afirmó.
Kattya González se pronunció en el mismo sentido y coincidió en que se trata de un “juicio político” y no las instancias judiciales del hecho que se le atribuye al legislador acusado. También dijo que es real el temor que con una postergación se dilate el proceso en busca de negociar los resultados. “Cuarenta y ocho horas no es razonable cuando no se plantea puntos de pericia, parece más una tentativa de hacer acuerdos que puedan exceder el ámbito de nuestras competencias, la ciudadanía merece respuestas, decir que el viernes es feriado”.
Se llevó a votación el planteamiento de Portillo de postergar por 48 horas el tratamiento de su pérdida de investidura y la oposición a esto del diputado Ramón Romero Roa.
Finalmente, quedó denegada la petición del acusado y continúa el proceso. La moción de Portillo tuvo 16 votos frente a los 37 que decidieron seguir con el proceso.
