Partidos opositores repudian ley garrote y piden cambios

La Mesa de Presidentes de Partidos Políticos de Oposición manifestó ayer su enérgico repudio al proyecto de ley de Emergencia Sanitaria, también llamada ley garrote, por violentar numerosos derechos constitucionales. No obstante, instan al Congreso a modificar la propuesta para crear una herramienta acorde y que prevenga los abusos desde el poder.

Presidentes de partidos políticos de oposición, reunidos habitualmente en la sede del PRF. (Achivo).
Presidentes de partidos políticos de oposición, reunidos habitualmente en la sede del PRF.Archivo, ABC Color

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El manifiesto fue divulgado ayer de tarde los presidentes del PLRA, del Frente Guasu, del PDP, del PEN, del PRF y el PDC, entre otros partidos y movimientos políticos sin representación parlamentaria.

Según los firmantes, el proyecto presentado por el Ejecutivo contraviene expresas disposiciones constitucionales y “por ello es nulo de nulidad absoluta”, señala la nota.

Agrega que su redacción lo aproximan a la instalación de un régimen autoritario y advierte que ante esta intención “lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución fulmina de nulidad absoluta estos actos, penando además criminalmente a sus autores y autorizando a resistir su aplicación (Art. 138)”.

Los titulares de las fuerzas opositoras señalan que “el proyecto cercena derechos consagrados” y que “en la práctica política no debería haber lugar para este tipo de iniciativas y mucho menos en la administración del Estado”. Puntualmente señala que el artículo N° 3 del proyecto de ley otorga facultades extraordinarias a otro poder; que los artículos 9, 11, 12, 16, 17 violentan el derecho a la libertad consagrado en la Constitución. Agregan que el artículo 32 atenta contra lo referido al derecho reunión y manifestación; y que el artículo 41 se contrapone al derecho al tránsito. “El resto del proyecto es más que confuso y contradictorio”, aclara. Finalmente hace un llamado al Poder Legislativo a crear un instrumento con normas que prevengan los abusos policiales y de las autoridades de aplicación que estén acordes a la Constitución y las leyes.

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