Cargando...
A través de la Comisión Interinstitucional de la Zona de Seguridad fronteriza la cartera estatal respondió al oficio Nº 95 remitido por la fiscal Natalia Fúster, quien investiga a la jueza Tania Irún por el presunto hecho punible de prevaricato, por violación de la Ley Nº 2532/05 “Que establece la seguridad fronteriza en la República del Paraguay” y prohíbe conceder inmuebles a empresas extranjeras.
La normativa legal indica que “serán nominativas y no endosables las acciones o títulos de las sociedades por acciones y los certificados de aportación de las cooperativas de aquellos que pretenden ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en las zonas de seguridad fronterizas”.
Agrega al respecto que “ni un escribano público ni mucho menos el juez puede autorizar un acto jurídico de transferencia porque viola la ley de territorialidad”.
El informe del Ministerio de Defensa remitido a la fiscala Fúster confirma que 22 de las fincas que la jueza Tania Irún transfirió a supuestas empresas de maletín están en la zona de seguridad fronteriza, y refiere que la determinación adoptada por la magistrada es irregular y antijurídica.
El documento firmado por el secretario ejecutivo de la Cizoef, Luis Alberto Zárate Pastor, está acompañado de un mapa en el que se identifican las fincas que la jueza Tania Irún entregó a extranjeros.
Otras pruebas
Por otro lado, Evaristo Fernández, quien presentó la denuncia por prevaricato en contra de la magistrada, acercó a la fiscala Fúster la pericia georreferenciada de fincas, que demuestra que a través de su fallo judicial, la jueza Tania Irún entregó a empresas extranjeras varias propiedades ubicadas en la zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.
Dicho documento, firmado por el perito Celso Salinas, concluye también que 24 inmuebles, del total que Irún entregó a la presuntas empresas de maletín, se ubican dentro de la zona de seguridad fronteriza.