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Arnaldo Franco (ANR, HC), titular de la comisión de Asuntos Departamentales y Municipales, dijo que se trata de asentamientos de hace varios años ya consolidados y la expropiación beneficiará a unas 400 familias, que totalizan alrededor de 2.000 personas. Agregó que la idea es impulsar el desarrollo de estas familias, a través de un sistema de protección social que involucre a varios ministerios e instituciones.
Por su parte, el senador Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista) señaló que, si bien siempre está a favor de la defensa de la propiedad privada, en este caso se trata de una situación de hecho y los mismos propietarios de la reserva privada están de acuerdo, según indicaron por una nota, conscientes de la imposibilidad de que el Estado recupere las tierras, a riesgo de crear un grave conflicto social y perjuicio a familias humildes.
Por su parte, el senador Blas Lanzoni (PLRA) indicó que existen zonas en el área silvestre protegida con cultivos de marihuana que varias veces fueron intervenidas por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Apuntó que con la regularización y legalización de la ocupación, se podrá realizar un mejor trabajo de combate a quienes realizan estos cultivos ilegales. José Ledesma (PLRA) y Sixto Pereira (Frente Guasu) señalaron que las familias tienen la voluntad de trabajar la tierras y vivir de sus producción y necesitan del apoyo de las instituciones del Estado para poder progresar, por lo cual se justificaba plenamente la expropiación.