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La acusación presentada por los fiscales María Irene Álvarez y Federico Delfino, del área Crimen Organizado de Asunción, y Juan Ramón Olmedo, de Pedro Juan Caballero, es contra 28 funcionarios del Ministerio de Justicia y de un civil brasileño.
Los hechos punibles atribuidos a los funcionarios penitenciarios son asociación criminal, liberación de presos y frustración de la persecución y ejecución penal.
La nómina la encabeza el que era el director de la cárcel, Christian Rolando González Morel (39 años). También figuran el entonces jefe de Seguridad del penal, Arnaldo Matías Báez Torres (38) y el que quedó como tercero al mando, Everth Ramón Castro Ferreira (36).
La lista de acusados incluye además a funcionarios penitenciarios y guardias tercerizados de la empresa Tapití, como Luis Miguel González Larrea (33), Tadeo David Cristaldo Florentín (30), Concepción Fernández Argüello (49), Alcides Villalba Arévalos (40), Justino Rolón Cantero (49), Rosalino Ocampos Diana (33), Rober Daniel Quevedo Añazco (44), Antonio Salina Duarte (31) y Adán Adriano Aquino Céspedes.
Los demás son Domingo Antonio Zaracho Martínez (41), Eligio Benítez Ortellado (32), Francisco Javier Estigarribia Villalba (27), Marcelino Ferreira Rodríguez (36), Carlos Alberto Ortellado Morel (29), Pablo Alcides González Ayala (24), Ramón Amarilla Escobar (44), Héctor Cándido Florenciano Martínez (45), Nelson Ramón Pereira Ávalos (40), Nelson Rafael Zárate Amarilla (35), Cristian Roberto Pedra Cabañas (30), Alcides Ramírez González (37), Oscar Antonio Ferreira Martínez (43), Sergio Toledo Venialgo (24), Gabriel Vicente Garcete Zorrilla (48) y Ricardo Arévalos Santander (40).
Todos los citados estuvieron presos, aunque después fueron recuperando su libertad por compurgamiento de la pena mínima.
Un brasileño
Otro acusado en la misma causa es el brasileño Jonathan Britos Alves (18), por asociación criminal y frustración de la persecución y ejecución penal.
El joven fue apresado el 7 de febrero de 2020 en un edificio de Pedro Juan Caballero donde escondía a dos convictos paraguayos evadidos, Celso Luis Alvarenga Oviedo y Hugo Ramón Pizurno, quienes terminaron recapturados en el mismo operativo.
Sobreseimiento
En otro escrito presentado por la Fiscalía ante el Juzgado Penal de Garantías de Pedro Juan Caballero, se requirió el sobreseimiento provisional de cuatro guardiacárceles mujeres que trabajaban en el penal fronterizo.
Se trata de Lucy Noemí Paredes Araújo (40), Sandra Isabel Maldonado Miranda (42), Elva Guillermina Estigarribia Villalba (28) y Epifania Florenciani de Ferreira (36).
Conclusión
La fiscala principal de la causa, María Irene Álvarez, dijo ayer en el programa Crimen y Castigo de ABC TV que básicamente el que era director de la cárcel, Christian González, no tomó las medidas necesarias para evitar el escape masivo, que él mismo había avisado que se podría producir.
El director González también tenía en su oficina los monitores que reproducían las imágenes de las cámaras de seguridad internas, pero llamativamente nunca detectó movimientos sospechosos en el pabellón donde estaban presos los de la banda Primer Comando da Capital (PCC).
Otro elemento contundente descubierto por la Fiscalía, justamente gracias a los videos incautados, es que los guardiacárceles asignados al pabellón del PCC dejaron de hacer las habituales revisiones de las celdas justo una semana antes de la evasión que se consumó en la madrugada del 19 de enero de 2020.
Coincidentemente, esa semana que los funcionarios penitenciarios ni siquiera asomaron por las celdas de los miembros del PCC fue el tiempo exacto que demoró la excavación del túnel, según los estudios técnicos hechos.
De los 76 reos fugados aquella madrugada, 24 ya fueron recapturados y uno resultó abatido en territorio brasileño.