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“No hay nada, ninguna entidad cumplió aún con los procesos”, dijo el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, cuando fue consultado sobre el tema que está pendiente de aplicación a la realización de los concursos como lo establece la referida ley.
Dijo que habría algunas instituciones que iniciaron el proceso, pero insistió en que no se autorizó a nadie a cobrar la diferencia salarial que reclaman los funcionarios desde hace cuatro años.
Según los datos que se manejan en la cartera fiscal, unos 700 funcionarios están en esta situación actualmente, teniendo en cuenta que en años anteriores un grupo obtuvo el beneficio por orden judicial y otros por concurso como dice la ley.
Estos aumentos fueron incluidos en el presupuesto desde 2018, año en que el anexo de personal fue modificado directamente en el Congreso durante el estudio del proyecto de presupuesto, sin que Hacienda estuviera al tanto ni se haya cumplido con los requisitos de la ley de la Función Pública, lo que generó la calificación de aumentos “mau”.
El caso fue detectado por la cartera fiscal cuando en enero del siguiente año empezó a pagar los sueldos y en el sistema saltaron las diferencias salariales, entre lo cobrado en diciembre y lo percibido en enero, para un grupo de funcionarios de diferentes instituciones públicas, de la administración central y entidades descentralizadas.
Ante esta situación el Ejecutivo dispuso que Hacienda siga liquidando el salario con el monto correspondiente al mes de diciembre de 2018 y que aquellas instituciones que querían regularizar el cobro, debían iniciar un proceso de concursos para determinar quienes debían recibir esa diferencia salarial.