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El abogado Ricardo Preda expresó a ABC que el proyecto de ley “De emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19” presentado ayer por el Ejecutivo al Congreso Nacional, además de tener cuestiones repetitivas, también contiene puntos preocupantes como lo es otorgarle al Ministerio de Salud Pública (MSP) la función de aplicar sanciones y desviarle de su función principal en el peor momento de su historia. “Exige que haya jueces sumariantes, el MSP va a tener que salir a contratar abogados para poder procesar todos los sumarios que eventualmente se van a abrir en los más de 200 municipios del país”, dijo.
Criticó también que se plantee castigar a los funcionarios públicos que apliquen las vacunas de forma irregular creando una nueva figura penal. “El Código Penal ya castiga el hurto. Y acá sube la prisión a dos años la mínima y la máxima a seis años, o sea lo convierte directamente en un crimen. Si vos sustraés un tapabocas de una farmacia sería un hurto de insumos y estarías de dos a seis años. Si el director del parque sanitario dispone de 100.000 tapabocas a los amigos de su grupo político, él no va a cometer hurto porque el hurto implica siempre sustracción, él va a cometer apropiación o lesión de confianza” y tendrá un castigo menor.
El abogado Manuel Riera Domínguez expresó que la propuesta “es una carta verde muy peligrosa” y “es un pase a un régimen autoritario muy peligroso”, bajo el argumento de las medidas sanitarias.
Señala que “es una ley que no tiene contenido sanitario, sino que le da un ropaje formal, un marco legal a que todo se haga por decreto, porque la ley no define nada, sino que (por ejemplo) allanamiento será lo que el decreto diga”, expresó.
También resaltó el hecho de que se establezca que el juez no pueda ser recusado por ningún motivo, mencionando que “un juez que no puede ser recusado puede ser tu enemigo personal, tu acreedor, puede ser que se metió con tu mujer y no lo podés cambiar” y que se deberá recurrir al Tribunal de Cuentas, que son dos salas en Asunción, para todo el país.
“Esta no es una ley de contenido sanitario, es 100% sancionatoria”, agregó el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay.