Este martes, el Ministerio de Salud contestó a una solicitud del Ministerio Público sobre información relacionada a la vacunación contra la covid-19, en el marco de la investigación de cientos de presuntos casos de inoculaciones irregulares que beneficiaron a personas que no se encuentran dentro de la franja etaria designada para la actual etapa de la campaña de inmunización.

También se investigan denuncias de personas fallecidas que figuran como beneficiarias de las vacunaciones.

En comunicación con medios de prensa, la fiscal Sara Torres, integrante del equipo investigador establecido por el Ministerio Público para investigar las vacunaciones, explicó que se solicitó el registro general de personas vacunadas con la documentación que fundamenta esas vacunaciones, la lista de vacunadores por región, información sobre los lotes de vacunas, sus remitentes y receptores, los sitios de vacunación, entre varias otras piezas de información.

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Originalmente la Fiscalía exigió al Ministerio de Salud esa información en un plazo de 24 horas, pero las autoridades sanitarias solicitaron 72 horas, a lo que el Ministerio Público accedió argumentando que “mientras más completa la información, mejor”, según comentó la fiscala Torres.

El fiscal Jorge Sosa explicó que ya se realizaron allanamientos en algunos hospitales en los que se denunciaron irregularidades, como el Hospital San Pablo o el central del Instituto de Previsión Social, además de la sede administrativa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, la entidad encargada de coordinar la campaña de vacunación.

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Según dijo la fiscal Torres, la información que debe ser remitida por el Ministerio de Salud será contrastada con los datos recabados por los fiscales en sus allanamientos.

El fiscal Sosa señaló que los investigadores manejan “un gran volumen de información” que debe ser discriminada “caso por caso” para determinar con certeza la existencia de irregularidades y quiénes son los responsables de las mismas, además de las figuras penales a ser aplicadas en cada caso, que pueden ir desde hurto a apropiación, cohecho, uso de influencias o quebrantamiento de depósitos.

CASO GUNSINKY

Ante la consulta sobre el caso de la exsenadora Mirta Gusinky (ANR), que recibió una dosis de la vacuna contra el covid-19 el pasado 20 de abril a pesar de no estar en la franja etaria a la que está dedicada la campaña actualmente, y en su vivienda a pesar de que las vacunaciones a domicilio solo se hacen a personas con problemas de movilidad, el fiscal Sosa dijo que se ha pedido al Ministerio de Salud un informe especial sobre los integrantes de la cuadrilla de vacunación que visitó a la entonces legisladora.

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“Hemos pedido que nos manden quiénes le vacunaron y quién dio la orden”, comentó la fiscala Torres al respecto.

Originalmente, la exsenadora Gusinky mintió a los medios de prensa y a la población en general negando haber sido vacunada, hasta que su inoculación fue confirmada por el propio ministro de Salud, Julio Borba. Días después de estallado el escándalo, la legisladora colorada se vio obligada a renunciar.

SENAC INVESTIGA

El titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, comentó a ABC TV que la institución a su cargo ya inició una investigación sobre las vacunaciones irregulares y también ha solicitado información al Ministerio de Salud.

Prometió que la Senac brindará su cooperación al Ministerio Público en su propia investigación.

“La gravedad no está solo en el valor económico de cada dosis (…), hay que tener en cuenta la importancia estratégica de estos bienes, es un insumo de alto valor estratégico”, dijo Fernández, y agregó que debe haber una “investigación profunda y sanción ejemplificadora” para los responsables de las irregularidades.