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Alarcón conversó este lunes con ABC sobre los robos de teléfonos celulares y de cómo la legislación actual se cumple pero es fácilmente permeable para reutilizar los móviles a través de la rehabilitación de los códigos individuales conocidos como IMEI.
El comisario explicó que las disposiciones exigen a las telefónicas bloquear este IMEI en un periodo de 30 minutos después de hecha la denuncia por robo y que eso se cumple, pero la mayoría de los dispositivos vuelven a habilitarse. Es allí cuando la estructura trasnacional podría triangular su comercialización; es decir, teléfonos robados en Paraguay se venden en países vecinos y viceversa.
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“Las acciones para el cambio de IMEI no son muy complejas. Eso puede hacerlo un técnico, con un tutorial de YouTube podés cambiar. Estamos hablando también de una organización porque estamos hablando de un negocio. No bajan las estadísticas (de robos). Eso (el bloqueo de IMEI) no reduce la actividad”, sostuvo Alarcón.
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Como ejemplo, recordó que el año pasado hubo dos intervenciones grandes en la Galería San Miguel, ubicada en el Mercado 4 y adonde, según trascendidos, van a “parar” los teléfonos robados en las calles. El comisario contó que se incautaron entre 4.000 y 5.000 teléfonos, pero que solo “dos o tres” tenían bloqueo. Fue allí cuando surgió la hipótesis de esta triangulación: se presume que los dispositivos fueron robados en otros países.
“Nadie reclamó esos teléfonos (…) Detrás de esto está gente que maneja el acopio, la distribución (…) Terminan los allanamientos y las incautaciones y termina allí. Esto requiere un concurso de todas las instituciones (…) La Policía Nacional colabora en las intervenciones, pero debemos involucrar a diversas instituciones: Conatel con las regulaciones, Aduanas con el control de los teléfonos que ingresan”, añadió.
Finalmente, indicó que hay un interés especial de la Policía por evitar estos robos no solo por el delito en sí, sino porque detrás de algunos de estos asaltos se pierden vidas.
Supuesto combate a robos
En agosto de 2018, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entonces presidida por Andrés Gubetich, firmó un convenio junto con la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay y el organismo GSMA para adherir a Paraguay a una lista compuesta por más de 40 países que comparten información sobre celulares robados.
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Nada se sabe hoy de qué tan efectiva fue esa alianza. Ese año, la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay reconoció que el acuerdo no significaba una “solución definitiva” ante la inseguridad. Adherirse a esa lista significaría para Paraguay estar incluido en la base de datos de GSMA, “intercambiar los números de identificación de los dispositivos y, de este modo, posibilitar el bloqueo de los equipos denunciados en otras redes, de los diferentes países”, recuerda una publicación del diario ABC del 7 de agosto de 2018.
De acuerdo al reporte 2021 de We Are Social, un estudio publicado por la plataforma Hootsuite, en Paraguay hay 7.200.000 teléfonos celulares, con una cobertura del 100,3% de la población, estimada en 7.180.000 personas.