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Que a la extitular de la SET, Marta González y a su marido y socio comercial, Jacinto Santamaría les molesta la crítica es una cuestión que quedó clara desde hace tiempo. Santamaría no dudó en enviar escribanos y amenazar con acciones legales contra contadores que criticaron la relación de la máxima autoridad tributaria con la firma Audicon SA, una de las mayores auditoras contables y tributarias del país.
La primera “advertencia”
Era 2014 y Santamaría intimó por vía notarial a los contadores que relataron que su empresa –y de su esposa– ganaba todas las licitaciones en el Banco Nacional de Fomento, ANDE y Essap. Los contadores se ratificaron.
Desde entonces saltaron las denuncias de las modificaciones en reglas tributarias que habrían favorecido abiertamente a Audicon, eliminando a competidores. Esas denuncias fueron publicadas a través de este diario y varias llevaron la firma de quien suscribe este espacio.
Santamaría no solo intimaba a quienes lo criticaban, sino que en el momento en que su esposa era Viceministra, siendo proveedor del Estado, llegó a participar de reuniones oficiales con autoridades tributarias de la Argentina.
El motivo del enojo
En marzo de 2019, luego de recibir documentos que hasta ese momento no habían sido revelados sobre el proceso de licitación para la actualización del sistema de gestión tributaria conocido como sistema Marangatu, ABC Color realizó una serie de materiales sobre cuestiones relacionadas al interés público, exponiendo desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, prensa e información, datos que debían ser objeto de conocimiento por parte de la opinión pública.
Cuando Marta González Ayala era viceministra de Tributación, se adjudicó un contrato –para actualización del sistema tributario– por más de US$ 3 millones a un organismo del que era directiva. No hubo competencia, sino contratación por vía directa y se alegó que eran los únicos con la experiencia requerida, pero terminaron tercerizando el contrato.
Alegando urgencia impostergable, en el año 2016 la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) contrató en forma directa y por vía de la excepción al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), una organización con base en Panamá, para actualizar el sistema de gestión tributaria Marangatu.
Llamativamente, quienes fueron elegidos tenían entre sus directivos a Marta González Ayala, quien en ese entonces era la titular de la SET. Es decir, se contrató a un organismo en un momento en el cual ella era una de las autoridades integrantes.
De acuerdo a los datos que constan en el propio sitio web del CIAT, Marta González Ayala ingresó como miembro del consejo directivo de la organización el 6 de mayo de 2014, nueve meses después de haber asumido como titular de Tributación.
Urgencia repentina
A pesar de que el sistema Marangatu llevaba años colapsando y generando un sinfín de cuestionamientos, no fue sino hasta 2016 que la administración de González Ayala decidió que era momento de actualizar el sistema tributario.
El llamado fue publicado en abril de ese año en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas bajo el ID 306.012. Hablaban de urgencia impostergable, con lo cual se propició evitar la competencia y finalmente impulsaron una contratación directa por la vía de la excepción. Esto significaba que buscaban a quienes se quedarían con un contrato de G. 20.000 millones, unos tres millones de dólares.
Menos de dos meses después, en junio de 2016, la licitación ya estaba finiquitada. La SET, con Marta González a la cabeza, contrató con el CIAT, que –¡oh casualidad!– tenía a Marta González como directiva.
Este relato, sumado a las críticas históricas realizadas por este diario y este periodista, molestaron a González Ayala y Santamaría. Enojados, presentaron una querella por difamación, alegando ser víctimas de daños y pretendiendo el pago de una “composición” por un monto escandaloso y de ningún sustento normativo.
González Ayala y Santamaría basaron su querella en un dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Bueno, al menos en una pequeña parte de ese informe. En un total de 15 páginas, la institución confirma la VERACIDAD de todas las publicaciones de ABC Color aunque aclara que no considera la existencia de irregularidad alguna.
De acuerdo a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a los periodistas y medios de comunicación se les exige apenas verosimilitud; es decir una versión cercana a la realidad. En este caso, Contrataciones Públicas confirmó la veracidad de los hechos; aunque terminó un dictamen que buscaba estar bien con Dios y con el Demonio: hizo un documento a medida que dice que todo lo publicado es verdad; pero cierra con un curioso descalificativo contra la labor periodística.
Las mentiras del caso
Primera gran mentira del matrimonio González-Santamaría. Nunca las publicaciones la acusaron de nada, sino que hicieron un relato de los hechos confirmados en base a documentos. Si los hechos publicados fueron veraces, mal podrían hablar los dos de difamación, más aún cuando las publicaciones se realizaban sobre la base de críticas realizadas al modo de adjudicación de un contrato que suponía el compromiso de fondos públicos.
La veracidad de los hechos publicados en nuestras páginas obligaron de hecho a Contrataciones y a la Contraloría General de la República a tomar intervención. Era un hecho de interés público y González y Santamaría decidieron ingresar por voluntad propia a la vida pública y al escrutinio que ello conlleva.
El informe escondido
Ahora, el que sí habla de irregularidades en el proceso es un informe de la Contraloría General de la República que establece claramente violaciones a la ley de Contrataciones Públicas y su decreto reglamentario. En particular, el ente dice que la administración de González no justificó la supuesta urgencia impostergable de forma debida para realizar una contratación por la vía de la excepción.
El informe fue remitido ya en febrero de 2020 al actual titular de Tributación, Oscar Orué; quien alguna vez fue crítico de González Ayala, pero que nunca hizo público el documento. El mismo Orué que en los últimos días se ha dedicado más a defender el negocio tabacalero en detrimento de un estudio científico que habla de supuestas evasiones millonarias y respaldado públicamente por representaciones diplomáticas de Europa y Estados Unidos.
Ahora bien; mientras González y Santamaría hablan de ser víctimas de publicaciones y campañas en su contra, en realidad han sido ellos los que desataron una intensa campaña judicial y mediática en tinte de venganza.
González solicitó dos años de prisión para la directora de ABC Color; Natalia Zuccolillo; y para quien suscribe estas líneas. Además, solicitó un resarcimiento de US$ 1.450.000. El costo de su “honorabilidad” dañada, en teoría.
El simple hecho de solicitar prisión para la directora de un medio de comunicación y un periodista demuestra claramente que el caso no es sino un ataque directo a la libertad de expresión, prensa e información. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que Paraguay forma parte, se ha identificado claramente cómo la amenaza con medidas privativas de libertad contra comunicadores son un método de censura indirecta.
Paraguay es de los últimos países de la región que sigue penando con prisión los derechos de calumnia, difamación e injuria.
Y González olvida que las críticas nunca fueron en términos personales; sino a su gestión. Esto está protegido con vasta jurisprudencia a nivel regional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Uno de esos casos fue el de los periodistas argentinos Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, condenados a pagar US$ 150.000 al expresidente del vecino país, Saúl Menem.
Ese caso sentó uno de los precedentes más claros de protección al derecho de libertad de expresión y prensa en la Corte IDH.
El tribunal supranacional señaló en aquella oportunidad que las expresiones sobre la idoneidad de una persona para ocupar un cargo público o sobre los actos realizados en cumplimiento de sus funciones gozan de mayor protección.
“La Corte ha señalado que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza”, refiere parte de la sentencia del caso que obligó a la República Argentina a realizar reparaciones en favor de los periodistas.
Por otro lado, el Sistema Interamericano sugiere que estos casos sean tratados en el ámbito civil. Y aún así, señala que no se debe buscar dañar de gravedad la economía de medios y periodistas.
El golpe que se busca
Pedir en estos tiempos a cualquier empresa del rubro periodístico un supuesto
“resarcimiento” de US$ 1.450.000 es condenarla prácticamente al cierre. Es buscar dar un golpe económico grave cuando la economía atraviesa uno de sus peores momentos como consecuencia de la pandemia y las decisiones de la clase política.
Lo que Marta González y Jacinto Santamaría buscan es venganza por las críticas y amedrentar a periodistas, directivos y dueños de medio de comunicación. Piden prisión y un resarcimiento económico irreal, con lo que se busca generar temor no solo en quienes osan escribir líneas críticas contra los que administran la cosa pública; sino también en quienes toman decisiones en las empresas de comunicación.
En estos tiempos en los que el sector privado carga con todo el peso de un país en quiebra, tener que poner del bolsillo propio una suma sideral sería hasta ilógico y un atentado conta la economía propia.
Casualidad nada casual
Finalmente, González y Santamaría son apoyados por el cartismo; el mismo sector político que intentó frenar que la Corte Suprema libere las Declaraciones
Juradas de Bienes y Rentas de los funcionarios públicos… lucha de la que casualmente este diario y este periodista formaron parte durante años. ¿Casualidad? Claramente, no.
Desde hoy, decidimos romper el silencio para dejarle en claro a González Ayala y Santamaría que el intento de amedrentamiento no hace sino fortalecer a quienes denuncian la forma en la que manejan el dinero que es de todos. Y si acaso una voz decidiera callarse por el acoso y el amedrentamiento sicológico de afrontar un proceso judicial injusto, llegarán diez más.
Que de eso no quede duda.