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En su nota, la joven de 19 años explica que en su certificado de nacimiento y su cédula figura como Pamela Danice Valenzuela y que a la edad de 1 año y 3 meses fue retirada de su familia biológica, en virtud de una medida de protección judicial.
“Estuve en guarda toda mi vida, siendo esa una medida cautelar de protección. Se realizó mi juicio de pérdida de patria potestad en más de 15 años y únicamente por impulso de mis guardadores. Cuando por fin hubo condiciones jurídicas para que me pudieran adoptar, sólo pusieron trabas a mis padres, en vez de facilitarles, porque se supone que era interés del Estado garantizar mi derecho a tener una familia. Ni el juzgado ni la Defensoría ni el Centro de Adopciones lo hicieron”, afirma.
Asimismo, explica que sus guardadores fallecieron sin contar con sentencia. Encima, cuando se acercó al juzgado para verificar por cuenta propia que había pasado con su expediente, se encontró con la sorpresa que había sido enviado a archivo, pese a que no se había finiquitado aún.
Padres murieron esperando
“Tanto tardaron que mi papá y mi mamá (guardadores) se terminaron muriendo por el camino. Hoy con 19 años no tengo familia. Cuando por fin encontré a una persona que me oriente, nos pusimos a buscar mi expediente –mi historia– resulta que lo habían enviado al archivo, así como suena, me archivaron. Pero yo sigo acá, todavía con derecho a que Estado me proteja, me brinde una respuesta definitiva”, agrega.
Adopción post mortem
La joven solicita que se considere que su guardadora expresó formalmente en el expediente su deseo de adoptarla, de manera a que se pueda dictar la primera sentencia de adopción post mortem de nuestro país.
La afectada pide una auditoría al expediente para determinar a los responsables de mantenerla con una “medida de protección” durante 17 años, poder conocer el resultado y la remisión del mismo al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
“A la espera de que esta nueva etapa no sea igual de lenta que la anterior, que me escuchen y que tomen las medidas para controlar las actuaciones de jueces y defensores de la niñez que lejos de proteger, se limitan a guardar papeles”, concluye.